La denominada operación “Murus”, sido desarrollada durante el año 2023 en la provincia de Málaga ha esclarecido 30 delitos urbanísticos en suelo rústico y se ha cerrado con la formulación 192 denuncias por infracciones urbanísticas.
Entre las personas investigadas en el operativo puesto en realizado por .agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, se encuentran promotores, constructores y técnicos directores.
La operación se inició con el objetivo de combatir los atentados contra la ordenación del territorio y el urbanismo, para proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje, así como para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia de Málaga.
El SEPRONA ha realizado 179 inspecciones en todas las Comarcas de la provincia, detectándose 192 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etc.
De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo, destaca; la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial, entre otras.
En total, los agentes observaron la supuesta comisión de 30 delitos urbanísticos en las poblaciones de Ronda, Mijas, Ojén, Casares, Estepona, Manilva, Coín, Pizarra, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Alozaina, Canillas de Aceituno, Rincón de la Victoria, Tolox, Competa y Torremolinos que han dado lugar a una serie de diligencias instruidas por estos delitos remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
Durante la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones y todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia de disciplina territorial y urbanística.
