La Audiencia de Sevilla ha condenado al exalcalde socialista de Valencina de la Concepción, Antonio Manuel Suárez, a un año y medio de prisión por un delito de prevaricación omisiva. El caso está relacionado con su permisividad al permitir la construcción de un restaurante asador sin licencia en un suelo no urbanizable de la localidad, a pesar de ser consciente de las irregularidades. Además de la pena de prisión, ha sido multado con 2.160 euros y condenado a nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Las obras del restaurante comenzaron antes de que Suárez asumiera la alcaldía en 2007, pero una vez en el cargo, permitió la legalización parcial de las instalaciones sin tomar medidas efectivas para frenar la actividad ilegal. En 2007, el Ayuntamiento había declarado ilegales las obras realizadas en un terreno catalogado como suelo no urbanizable. Sin embargo, el exalcalde no actuó con la diligencia requerida ante las sucesivas infracciones.
En 2012, tras varios informes técnicos, Suárez dio por legalizadas las instalaciones, permitiendo su uso, aunque solo para una nave de aperos y boxes. No obstante, en 2013 se descubrió que el asador continuaba funcionando sin la debida licencia de actividad. A pesar de las quejas y denuncias, Suárez no implementó medidas efectivas para suspender la actividad ilegal, lo que agravó la situación.
El 31 de julio de 2013, después de que la Policía Local y los ciudadanos reportaran la persistencia de la actividad sin licencia, Suárez dictó una nueva resolución en la que ordenaba el precinto de las instalaciones y la suspensión de la actividad. Sin embargo, el exalcalde no cumplió con las medidas requeridas y no tomó acciones para restaurar la legalidad, lo que llevó a la denuncia formal en 2020.
El tribunal subraya que, a pesar de conocer las infracciones y las resoluciones previas, el exalcalde no cumplió con su obligación de aplicar la ley. La falta de acción y la reiteración de informes claros en su contra fueron determinantes en la condena. La sentencia pone en evidencia la irresponsabilidad y permisividad del exalcalde ante las ilegalidades cometidas, afectando tanto al entorno urbanístico como a la confianza pública.
