El empresario cordobés, que sustituye en el Consejo al portavoz de UCOR, Juan Miguel Alburquerque, no podrá pronunciarse en los asuntos que aborde la GMU que le atañen directamente, como es el caso de los expedientes abiertos por irregularidades urbanísticas en zonas como la Carrera del Caballo o la carretera de Palma del Río.
Precisamente, el organismo municipal ya ha abordado recientemente la subasta de cuatro bienes inmuebles a favor de la GMU y el Consistorio para saldar parte de la deuda de 30 millones de euros que Gómez mantiene con el Ayuntamiento, 24,6 de los cuales proceden de la construcción de una naves ilegales en la Carretera de Palma.
No obstante, según han informado fuentes municipales, las dietas por su asistencia al Consejo, que ascienden a más de 5.000 euros si acude a todas las sesiones del mandato, serán descontadas de la deuda mantiene por las multas urbanísticas.
Gómez fue imputado por cohecho en la segunda fase de la operación Malaya porque, según el sumario del caso, el empresario pactó pagar cerca de 600.000 euros a Juan Antonio Roca a cambio de obtener licencia para unas obras en un local marbellí.
El empresario cordobés dio el salto a la política municipal en las últimas elecciones con la creación de Unión Cordobesa (UCOR), un partido del que encabezó su lista y que se convirtió en la segunda fuerza más votada en la capital cordobesa, tras el PP -que cuenta con mayoría absoluta-, y por delante del PSOE e IU.
