En el periodo comprendido entre abril de 2010 y julio de este año, un total de 101 empresas sevillanas han tenido que echar el cierre debido a la actividad de los llamados “antenistas”, trabajadores ilegales que realizan este tipo de instalaciones sin ningún tipo de seguro ni garantías.
La contratación de un instalador ilegal podría acarrear al usuario multas de hasta 600.000 euros y tres años de cárcel, en caso de que se produjera algún accidente.Los instaladores de comunicaciones han pedido a la administración andaluza más controles, información para los ciudadanos y una reunión urgente para intentar frenar de forma conjunta esta actividad ilegal, que ha supuesto la pérdida de 20.000 trabajadores en la región desde 2009 y ha precipitado el cierre de más de 460 empresas sólo en el primer semestre de este año.
José Manuel Muñiz, director de Faitel, explica que “esta pérdida significa en términos reales lo mismo que si hubiésemos destruido completamente la industria aeronáutica andaluza y parte de sus empresas auxiliares”. Para intentar frenar esta ocupación ilegal, Faitel ha puesto en marcha una campaña a la que se han sumado asociaciones como CEA (Confederación de Empresarios Andaluces) y Facua-Consumidores en Acción, además del sector de mutuas de accidentes de trabajo.Antonio Moya, adjunto a la secretaría general de CEA, hace hincapié en el daño para la economía y el empleo ocasionado por el trabajo sumergido: “La administración suele dar pocos datos, pero distintos expertos hablan de entre un 10 y hasta un 20 por ciento en Andalucía”.Por otra parte Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción, advierte de que si contratamos a uno de estos antenistas ilegales, perdemos toda garantía y cualquier derecho a reclamar.
Echan el cierre más de cien empresas
La asociación andaluza de instaladores de Telecomunicaciones denuncia que entre abril de 2010 y el pasado junio han cerrado un total de 101 empresas.
Casi medio millar en toda Andalucía
El número de empresas que han tenido que echar el cierre en toda Andalucía asciende a 460, sólo en los primeros seis meses de este año, según denuncia la asociación.
Advertencia sobre posibles multas
Alertaron de que la contratación de un instalador ilegal podría alcanzar los 600.000 euros y tres años de cárcel, en caso de que se produjese un accidente.
Campaña unitaria contra los ilegales
Para frenar la proliferación de ilegales se ha puesto en marcha una campaña en la que están implicados los propios empresarios, mutuas de accidentes y consumidores.
