A este respecto, hay que recordar que la Junta de Andalucía, como acusación particular en el caso, sólo pidió su comparecencia semanalmente en el juzgado, una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros y la retirada del pasaporte; petición a la que se sumó la acusación de UGT.
Las declaraciones de Valenciano, asimismo, ponían de nuevo en el punto de mira a la juez Mercedes Alaya, a la que no pocos dirigentes socialistas han criticado sus “excesos judiciales” durante el tiempo que dura la instrucción.
Y, de hecho, a esa línea se apuntan quienes esta semana, “a título personal”, pero sin olvidar sus cargos en el partido, han hecho público un manifiesto en apoyo al exconsejero. Hay quien ha ido, incluso, un poco más allá, caso del parlamentario Luis Pizarro, quien llegó a criticar la intervención del abogado de la Junta de Andalucía durante el interrogatorio de la juez, puesto que en las conclusiones que ha presentado, “no ha defendido unas políticas que han resuelto muchos problemas con el empleo en Andalucía”.
Lo que nadie ha entrado hasta ahora a juzgar es el auto en sí mismo de la propia juez, los “razonamientos jurídicos” que desembocan en su decisión, tal vez porque, entre otros motivos, tampoco hay que olvidar que la Junta de Andalucía se encuentra personada en la causa como acusación particular.
En este sentido, y desde esta perspectiva, ya no resultan tan evidentes los apoyos al exconsejero. Basta recordar las declaraciones realizadas el pasado mes de septiembre por José Antonio Griñán en una entrevista concedida a Ana Pastor en el espacio de Los desayunos de TVE. En ese programa, al ser preguntado por si había responsabilidades políticas tras lo ocurrido con el asunto de los ERE, el secretario general de los socialistas andaluces dijo: “Claro que hay responsabilidades políticas, naturalmente que sí”. “¿En qué se traslada?”, le preguntaba Pastor. “¿Cómo que en qué se traslada? Pues hay un consejero que ya no es consejero”, respondió Griñán.
Es más, Griñán insistió este viernes en la posición de su Gobierno de cara al esclarecimiento de los hechos: “Fue la Junta de Andalucía la que puso en conocimiento de la Justicia cualquier irregularidad. La Junta es parte acusadora en el proceso, por lo que al contrario de lo que dice el PP somos un gobierno honrado e irreprochable”. Del mismo modo, aseguraba este viernes que el Gobierno andaluz ha defendido y va a seguir defendiendo las ayudas sociolaborales y su finalidad, y ha recordado que han sido aprobadas “año tras año” por el Parlamento andaluz, censurando así la “hipocresía” de quienes se manifestaban en favor de las ayudas a las empresas “y ahora las demonizan”.
Griñán ha advertido de que “nunca” va a aceptar que la finalidad de esas ayudas fuesen delictivas, sino que “era y es” apoyar a esas empresas, a trabajadores de zonas castigadas por la crisis o por el declive industrial, aunque “otra cosa” es que parte de esas ayudas “hayan podido desviarse de sus finalidades”, lo que le ha llevado a reclamar a los suyos que sean “inflexibles” ante este tipo de desvíos. “El Gobierno andaluz ha actuado con rigor y por ello ha expresado también su repulsa por las irregularidades cuando se han producido”.
el ingreso en prisión
El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, permanece en prisión preventiva desde primera hora del pasado martes en la prisión de Morón (Sevilla II), decretada de forma provisional y sin fianza por Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso de los ERE irregulares, después de cuatro maratonianas jornadas de declaraciones.
La magistrada imputa a Fernández un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, de negociación y actividad prohibida a funcionario público, cohecho, falsedad en documento mercantil y de obtención indebida de ayudas públicas. Fernández, que tras la decisión judicial solicitó su dimisión como presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez, asumió su ingreso en prisión con ánimo y con la conciencia tranquila, según explicó su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.
En su auto de prisión, la juez acusa a Fernández de haber hecho “dejación absoluta” de sus funciones, generando “enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas” de Andalucía debido al “despilfarro continuado” de los fondos públicos.
De la declaración del exconsejero se deduciría, según la juez, que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta “indiscriminadamente” y no eran de “público conocimiento” para los ciudadanos.
La juez concreta que durante la etapa de Fernández como viceconsejero y luego como consejero, se concedieron 837 ayudas sociolaborales por 395.463.137,70 euros y 294 ayudas directas a empresas por 82.148.802,78 euros. El fiscal también había pedido la prisión provisional comunicada y sin fianza por la gravedad de los delitos por existir riesgo de fuga y por la posibilidad de obstrucción de las fuentes de prueba.
Fueron la acusación particular del PP y de Manos Limpias, por su parte, quienes se adhirieron a la petición de la fiscalía de una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil.
Referencias a Viera
En su declaración como imputado, Fernández aseguró que fue su antecesor en la Consejería de Empleo y actual diputado nacional del PSOE, José Antonio Viera, quien, en 2001, adoptó la “decisión” de la que nació el convenio que la juez señala como supuesto instrumento para que los fondos de la partida presupuestaria 31L esquivasen las fiscalizaciones propias de las subvenciones excepcionales.
No obstante, Fernández defendió en su comparecencia que no le “constan” directrices de Viera para que las ayudas favoreciesen especialmente a personas o zonas.
En la investigación cobra interés un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), pues gracias a él, durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al eludir los controles relativos a las subvenciones excepcionales.
Fernández señaló, además, que “en su opinión” Viera promovió este convenio marco “con la autorización del Gobierno” andaluz. “La Junta conocía las operaciones con cargo a este convenio”, defendió el exconsejero, quien enfatizó que el mencionado convenio marco “estaba avalado por la Ley de Presupuestos” y habría gozado del visto bueno de la asesoría jurídica de la Administración andaluza, si bien reconoció en su declaración que presupuso esta conclusión y que no cuenta con pruebas fehacientes sobre este particular.
