Sin embargo, y dado a que, según el conseller de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat, el republicano Jordi Ausàs, será una norma “plenamente constitucional”, el Estado tendrá la última palabra respecto a estas convocatorias.
El conseller Gobernación y Administraciones Públicas explicó que el Gobierno presidido por José Montilla pretende aprobar el anteproyecto de Ley de consultas populares en diciembre, con el objetivo de que el Parlament la apruebe a lo largo del próximo año. Ausàs recordó que la Ley de consultas populares por vía referéndum será “plenamente constitucional”, y aseguró que obedece al mandato del Estatut, ya que en dicho texto otorga competencias a la Generalitat en la convocatoria de consultas.
Precisó que, para que dicha ley se ajuste plenamente a la Constitución, se especificará que, en última instancia, será el Estado quien tenga la última palabra y autorice cada una de las consultas, sean de ámbito local o autonómico, ya que así queda establecido en la Carta Magna. Además, indicó que una consulta de ámbito autonómico se podrá impulsar desde distintas vías: “Desde el Govern, por una mayoría en el Parlament, o por iniciativa legislativa popular”.
En este último caso, será necesario que cuente con el aval del 6% del censo electoral o lo que es lo mismo, unas 319.000 firmas de electores. Ausàs reveló que podrán hacerse consultas por vía referéndum sobre “cualquier cuestión que afecte a la población”, incluido el derecho de la autodeterminación si se dara el caso, aunque como en otros casos, esta hipotética consulta debería contar con el aval necesario del Estado.
Así, el conseller explicó que la diferencia entre la ley que plantea Cataluña y la consulta que quería convocar el lehendakari del País Vasco Juan José Ibarretxe el pasado octubre y que rechazó el Tribunal Constitucional (TC) es que el Estatut catalán, a diferencia del vasco, da competencias a la Generalitat en consultas. “Queremos desplegar el Estatut al máximo” pero siendo “escrupulosos” con la Constitución, constató Ausàs.
En el caso de los municipios, los Ayuntamientos o la ciudadanía podrán impulsar consultas sobre cuestiones que consideren de su interés aunque, en el segundo caso, se requerirá al menos del aval del 10% del censo, precisó Ausàs.
