La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha mostrado partidaria de dejar que avance la investigación sobre la muerte de tres miembros de una familia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) después de que la Policía Nacional haya imputado por dos personas por los presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la salud pública.
En concreto, los imputados son M.R.S., empleada de 45 años de una empresa de gestión de residuos que debía encargarse de destruir y desechar los envases de plaguicida, y a un hombre de 47 años, identificado como P.A.G.C. y responsable de una chatarrería de Dos Hermanas que compró dichos envases que, posteriormente, terminaron en la casa de la familia en donde se produjo una intoxicación inhalatoria con fosfina.
"Esta es la hipótesis que está llevando el juzgado en este caso y no queremos influir en la investigación", ha manifestado Crespo en declaraciones a los periodistas en el Puerto de Almería, donde ha señalado que las diligencias se centran en las dos empresas que estuvieron en contacto con el material, que "tenían que haber mandado a reciclar o a destruir", según ha explicado.
Los imputados admitieron en sus respectivas declaraciones "hace meses" que fue la empresa de gestión de residuos la que "por propia iniciativa" se puso en contacto con la chatarrería para "venderle" unos botes de aluminio que habrían contenido sustancias químicas nocivas para la salud, tras lo que el responsable de la chatarrería se personó en la empresa de residuos y compró dos partidas de botes aluminio de 800 y 200 kilogramos, respectivamente.
La investigación trata de aclarar si los botes de aluminio fueron vendidos con sus respectivos tapones a la chatarrería y cómo llegaron dichos tapones a la vivienda de la familia de Alcalá de Guadaíra, barajándose como hipótesis que esta empresa pudiera haber pagado con tapones al cabeza de familia, Enrique Caño, a cambio de chatarra.
En sus declaraciones, ninguno de los imputados aclaró si quitó los tapones a los botes de aluminio, según han indicado las fuentes, que han aclarado que el atestado con ambas comparecencias ya ha sido trasladado a la juez instructora, que podría citarlos a declarar a lo largo del presente mes de julio.
