La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elaborado un informe sobre la actuación del grupo técnico del Código de Buenas Prácticas comerciales para el sector de la automoción, en el que "valor de forma negativa" propuestas de las asociaciones de concesionarios (Faconauto), de vendedores (Ganvam) y de importadores (Aniacam).
Este documento, al que tuvo acceso Europa Press, ha sido elaborado a petición de la Secretaría de Estado de Comercio y apunta que Faconauto y Ganvam consideran "una asimetría contractual" la relación que existe entre los fabricantes e importadores y los distribuidores de los vehículos.
Asimismo, asegura que dichas organizaciones creen que existen prácticas comerciales y cláusulas contractuales que propiciarían una dependencia económica y empresarial de los distribuidores "que debe ser reequilibrada".
Según la CNMC, especialmente Faconauto solicita que dentro del grupo técnico de Buenas Prácticas se determinen "de forma minuciosa" diferentes aspectos relevantes de las relaciones entre los fabricantes e importadores de vehículos y los distribuidores de los mismos al por menor.
Por su parte, recuerda que la asociación de fabricantes (Anfac) defiende que la finalidad de este comité se debe centrar de forma exclusiva en analizar los elementos a mejorar para hacer más efectivo el sistema de mediación y para acordar puntos que hagan más atractivo el recurso de la mediación frente a la resolución judicial.
RIESGO DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS.
Sin embargo, el organismo que preside José María Marín Quemada valora negativamente "muchas" de las propuestas de Faconauto y algunas de Ganvam y Aniacam, ya que, en su opinión, la práctica de estas recomendaciones busca crear un marco de negociación colectiva para regular las relaciones entre fabricantes e importadores y distribuidores, homogeneizando las mismas y aumentando la transparencia del sector.
"Esta homogeneización quebraría el principio de la autonomía de la negociación de las partes, limitaría la capacidad competitiva y de diferenciación de los distintos operadores e incrementaría el riesgo de aparición de prácticas restrictivas de la competencia", añade el informe.
Competencia recuerda, a su vez, que todas estas propuestas se enmarcan en un sector en el que la CNMC ha acreditado la existencia de cárteles, tanto entre fabricantes y distribuidores mayoristas para compartir información estratégica, como entre distribuidores minoristas de vehículos de una misma marca para la fijación de precios y compartir información comercialmente sensible.
La Comisión apunta que la posible asimetría en las relaciones entre los fabricantes, importadores y distribuidores "en ningún caso" justificaría una negociación colectiva entre operadores que fomente la homogeneización y la transparencia de las relaciones comerciales de los distintos actores, ya que eso afectaría la dinámica competitiva en el sector y facilitaría la aparición de conductas restrictivas de la competencia que perjudicarían al cliente final.
En este sentido, destaca que esta situación es especialmente relevante en el mercado automovilístico español, donde no existe ninguna marca con una cuota de mercado muy elevada que le confiera una posición de dominio, por lo que éstas tienen autonomía para decidir cómo configuran sus redes de distribución minorista.
La CNMC señala que las propuestas de Faconauto y Ganvam están orientadas a recuperar obligaciones recogidas en un reglamento anterior. "Faconauto y, en menor medida, Ganvam buscan volver a una regulación ya superada que podría obstaculizar la capacidad de los fabricantes/importadores para optimizar e introducir mayor eficiencia en sus redes de distribución minorista de vehículos a motor", apunta.
Finalmente, el documento califica como positivo el desarrollo de mecanismos de mediación o arbitraje para la resolución de conflictos bilaterales y subraya que las apreciaciones en este tipo de informe no prejuzgan ni menoscaban la capacidad de la CNMC para aplicar la normativa de competencia en el sector, que abrirá las investigaciones oportunas si detecta o tiene conocimiento de elementos fácticos en el Código de Buenas Prácticas que puedan ser indicadores de una conducta anticompetitiva.
