La responsabilidad política debe de ir de la mano de las cuentas públicas, aquellas que deben ser empleadas para sufragar los gastos de todos y no en una pequeña parte.

La ayuda pública mal empleada es nefasta para cualquier sociedad que se precie porque abre una brecha y dos bandos, en vez de solucionar torpedea y dificulta a los que sí necesitan de ésta y se queden en el limbo.

Eso es lo que le viene ocurriendo en la empresa pública de viviendas Suvipuerto. Un ente que a día de hoy no justifica su ser y que perjudica más que beneficia. Me explico. Una vivienda municipal -no confundir con social- debe acoger a familias que necesiten de una atención temporal y el Ayuntamiento está obligado con sus mecanismos de sustentar y socorrerlos en la medida de sus posibilidades.

Hasta ahí llega la responsabilidad y obligación municipal. Cuando la empresa es incapaz de filtrar quién o quiénes son los acreedores de tener esta vivienda, la cuestión ya se les escapa de las manos por ineficaz e injusta. Si a esto le añadimos que el que accede a una vivienda de Suvipuerto ya la disfruta por siempre y pasando de generación en generación, queriendo o sin querer, estamos retroalimentando un problema sistemático y congénito que la ciudad -su Ayuntamiento, nosotros- no puede asumir.

No es muy popular poner coto a actuaciones de este tipo, pero hablar de “temeridad” cuando nadie paga los alquileres, sí que es una irresponsabilidad por lo que sí nos cuesta al resto de los mortales. Responsables.