El Grupo de Adelante en la Diputación de Sevilla ha elevado una moción al pleno ordinario de noviembre, a celebrar el jueves de esta semana, en demanda de que la institución cree "un órgano colegiado con competencias, capacidad ejecutiva y dotación presupuestaria suficiente" para el desarrollo de los fines y actividades que contempla la Ley andaluza de 2017 en materia de memoria histórica y democrática.
En la moción, recogida por Europa Press, Adelante expone que a la hora de analizar las víctimas de la sublevación militar y el golpe de Estado de 1936, es necesario tener en cuenta a las personas asesinadas o encarceladas, además de aquellas "torturadas, exiliadas, las mujeres humilladas y violadas, o a tantas otras personas denunciadas, expoliadas, destituidas de sus trabajos, a los niños y niñas robados y a todas aquellas huidas al monte para continuar la resistencia".
"Las investigaciones documentadas y publicadas por el historiador José María García Márquez constatan que fueron 13.487 las víctimas en Sevilla y su provincia, incluyendo numerosos cargos públicos elegidos democráticamente, entre ellos el propio presidente de la Diputación, el doctor José Manuel Puelles; y siete diputados de aquella corporación provincial. Otros cuatro fueron condenados a prisión y dos más acabaron exiliados en México", figura en la moción.
"A pesar de los avances conseguidos en reconocimientos, homenajes, investigaciones y difusión de los hechos ocurridos, queda aún mucho camino por recorrer, sobre todo en la aplicación del Derecho Internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y de genocidio", avisa Adelante, alertando de que el actual Gobierno andaluz de PP y Cs, apoyado por Vox, formación contraria a la recuperación de la memoria histórica, tiene "prácticamente paralizada" la aplicación de la Ley andaluz de 2017 en materia de memoria histórica y democrática.
Por eso, la moción reclama a la Junta el "cumplimiento, aplicación efectiva y desarrollo normativo de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así como la ejecución de las intervenciones en fosas que están propuestas por el Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones desde 2017 y que todavía no se hayan abordado" y la organización de "actos de homenaje a las víctimas del régimen franquista y a quienes defendieron la legalidad del Gobierno de la II República".
Igualmente, pide que la propia Diputación conforme "un órgano colegiado con competencias, capacidad ejecutiva y dotación presupuestaria suficiente, en el que puedan participar las asociaciones de Memoria y los ayuntamientos, para el desarrollo de las actividades y objetivos contemplados en la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".
