Ecologistas en Acción alerta de que ya navegan hacia Sevilla dos barcos cargados en Montenegro con un total de 12.000 toneladas de residuos tóxicos, cuyo destino es el vertedero de Nerva, en la provincia de Huelva. Así, especifica que se prevé que este lunes 31 llegue al Puerto de Sevilla un barco con 5.000 toneladas de residuos contaminados y el 3 de febrero otro con alrededor de 9.000 toneladas a granel. Además, indica que el traslado "cuenta con la autorización de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico y, supuestamente, el previo consentimiento de la Junta de Andalucía".
Según indica la organización ecologista en un comunicado, con esta actividad "se da continuidad al traslado de un total de 110.000 toneladas de ecotóxicos provenientes del desmantelamiento del astillero montenegrino de Bijela". De ese total, recuerda que ya fueron enterradas en Nerva durante 2019 "cerca de 40.000 toneladas de residuos clasificados como aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos, sustancia peligrosa con código de la Lista Europea de Residuos LER número 12 01 06* y código A1020, según el Convenio de Basilea, que regula el transporte de residuos peligrosos entre países, por lo cual contienen antimonio, berilio, cadmio, plomo selenio y teluro".
Afirma que el Gobierno español "no autorizó inicialmente" la importación de las 70.000 toneladas restantes pero, con "el consentimiento de la Junta de Andalucía, acabó autorizando en la primavera de 2021 que se traigan y entierren en el vertedero que está situado a 800 metros del pueblo onubense de Nerva: 30.000 nuevas toneladas de las mismas características a las ya enterradas en 2019, y otras 40.000 toneladas de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas (código LER 17 05 03*), a las que en el Convenio de Basilea les corresponde el código A3180, es decir, sustancias contaminadas con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB)".
Ecologistas en Acción apunta que Valgo, la empresa francesa concesionaria del traslado de los residuos montenegrinos a España, "ha confirmado en su página web la presencia en los residuos de materiales con amianto", pero entre los residuos autorizados "no consta la clasificación específica del amianto, que además debe ser enterrado en celda aparte y con otras condiciones determinadas". "La empresa también ha confirmado en los residuos del astillero presencia de tributilo de estaño (TBT), con una alta concentración de todos los metales pesados, excepto el mercurio y de hidrocarburos diversos", añade.
"Los residuos de Montenegro que se van a trasladar a Nerva equivalen a 1.000 aviones Boeing 787 (cada uno pesa 110 toneladas) y necesitará cerca de 500 camiones para ser transportada por carretera de Sevilla a Nerva", precisa la organización.
PIDE INVESTIGAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Para Ecologistas en Acción existe "una falta de información evidente" sobre estas autorizaciones y movimientos transfronterizos de residuos, "al contrario de lo que sucede en el país balcánico". Por ello, la organización ha dirigido al Defensor del Pueblo una solicitud para que investigue las circunstancias de estas actuaciones y la autorización final en el traslado transfronterizo de residuos peligrosos. Según indica el Convenio de Basilea, el país importador debe garantizar la gestión ambientalmente correcta: "Garantizar que los residuos sean gestionados de manera que la salud humana y el medio ambiente queden protegidos contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales residuos", y por ello se le pide al Defensor que "esclarezca las circunstancias por las que en su momento no se garantizó esa gestión y después sí".
"La mercancía tóxica que va a llegar el lunes y el jueves al Puerto de Sevilla, que en buena parte se transporta a granel, tiene unos altos factores de riesgo durante la descarga en el puerto, la carga de los camiones y en su trayecto por la carretera nacional hasta Nerva, en el que atraviesa un espacio de la Red Natura 2000, además de los derivados del tratamiento en el centro gestor y su vertido final", expone Ecologistas.
Añade que por estas razones ha solicitado formalmente a la ministra Teresa Ribera que, en aplicación del Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 aprobado el año pasado (PEITTR), desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "se garantice el cumplimiento de la normativa en materia de traslados transfronterizos de residuos en España, tanto de ámbito internacional y comunitario como nacional, y se realicen todas las inspecciones que sean necesarias para garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente en toda la cadena de gestión, incluido el vertido final".
Por otra parte, señala que, durante 2019, "la misma empresa Valgo trasladó a Ucrania residuos contaminados de este astillero desmantelado, cuya caracterización no era acorde al material recibido en el barco, lo cual fue detectado y denunciado en la Aduana ucraniana", al tiempo que añade que el asunto, que estuvo a punto de derivar en un conflicto internacional entre ambos países, "se ha resuelto con varias sentencias de prisión y la devolución de los residuos a Montenegro".
Por esta causa, también en aplicación del PEITTR y de la normativa europea, la organización ha solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que desde el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales se realicen controles efectivos e inspecciones en el momento del control de las declaraciones en aduana o mientras las mercancías se encuentren bajo vigilancia o control de las autoridades aduaneras.
"Todas las actuaciones de inspección y control de ambos ministerios deberán contar con las unidades policiales especializadas, territorial y materialmente competentes, y en especial el Seprona de la Guardia Civil, en cumplimiento del PEITTR", precisa.
Por último, Ecologistas en Acción apela con esta solicitud a las dos ministras, Ribera y Montero, a la aplicación de todos los mecanismos posibles "para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre traslados de residuos con inspecciones más eficaces", e insta insta a que se realice "un seguimiento exhaustivo de la trazabilidad de esta importación de residuos tóxicos".
También expresa "su sólido rechazo al mantenimiento de estas instalaciones abiertas por la Junta de Andalucía". "El Gobierno andaluz insiste en intentar alargar la vida útil con ampliaciones de las autorizaciones ambientales integradas, a pesar de su conflictividad social, por estar a 800 metros del centro del pueblo de Nerva. La pésima y accidentada gestión de las empresas que lo han tenido en su poder, actualmente DSM y antes Ditecsa, la han convertido en una instalación desfasada, contraria a los principios de la economía circular, que lleva imposibilitando el desarrollo del tejido empresarial local y comarcal, destruyendo la salud y la convivencia de los habitantes de Nerva desde hace más de 20 años", concluye la organización.
