El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado iniciar un expediente destinado a la rescisión del contrato adjudicado para acometer mejoras en el patio del área de educación primaria y la adaptación de casa portería del colegio Pío XII, localizado en la Macarena, dado el "incumplimiento absoluto" de plazos en el que habría incurrido la empresa contratada para estas obras.
Según figura en un reciente acuerdo de la junta local de gobierno recogido por Europa Press, allá por julio de 2021 fue adjudicado a la empresa Ruiz Lobato S.L. este contrato presupuestado en 145.392 euros sin incluir el IVA, para una serie de mejoras en el patio del área de educación primaria y la adaptación de casa portería del colegio Pío XII.
El contrato fue formalizado por las partes el 2 de agosto de 2021, siendo fijado el día 6 de dicho mes el comienzo de las obras, cuyo plazo de ejecución expiraba el 9 de diciembre de 2021.
Pero el 2 de diciembre, la Dirección General de Obra Pública Municipal acordó "la iniciación de expediente para la imposición de penalidades por incumplimiento del plazo total de ejecución, por causas imputables al contratista; autorizando que continuasen los trabajos, ampliándose el plazo hasta el 9 de enero de 2022, a los solos efectos de que finalizase la ejecución de los trabajos pendientes, quedando sujeto al periodo de incumplimiento imputable al contratista".
Ya el pasado 3 de febrero, mediaba un "informe de la dirección facultativa de la obra en el que se insta a la resolución del contrato, por incumplimiento de la obligación principal del mismo, ya que no ha concluido la obra según el proyecto y pliegos que rigen esta contratación, por lo que ese incumplimiento sustancial trae como consecuencia que no se alcanza el fin perseguido con el mismo".
"Se ha comprobado que con fecha posterior al 9 de enero de 2022 no han concluido las obras, lo que supone un incumplimiento absoluto de la obligación esencial del contratista de realizar la prestación definida en dicho contrato, imputable al mismo", indica el acuerdo adoptado por la junta local de gobierno, que implica iniciar el expediente administrativo destinado a la resolución del contrato con la citada empresa.
