Durante el pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento hispalense, Vox ha reclamado cumplir los "compromisos" sellados ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) para la finalización de los planes especiales de protección pendientes respecto a diversos sectores del Conjunto Histórico, exponiendo el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, que un informe "desfavorable" de la Junta de Andalucía "justifica ese retraso" y que el Consistorio está negociando "un consenso" con la Administración andaluza para resolver el asunto.
Durante la sesión, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha invocado los "compromisos" adoptados en 2012 por la ciudad de Sevilla con la Unesco.
A tal efecto, recordemos que la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla, principales monumentos de la ciudad y buques insignia del turismo sevillano, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987.
Su destino como Patrimonio Mundial estuvo hace años marcado por la torre de 178 metros de altura promovida por la entonces Cajasol-Banca Cívica, ya fagocitada por CaixaBank, en el sector sur de la isla de la Cartuja, una localización que dista aproximadamente 1.600 metros del enclave del casco histórico de Sevilla donde se alzan los citados monumentos.
Porque la propuesta de resolución elevada a debate en 2012 en la XXXVI sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco consideraba que el proyecto de la torre suponía un "impacto visual altamente adverso" sobre la localización de estos monumentos y su relación con el río Guadalquivir y el resto de monumentos de la ciudad.
LA PROPUESTA INICIAL
La propuesta en cuestión, sustentada en las recomendaciones del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés), abogaba por incluir a estos monumentos en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y reclamar a España, como estado miembro de la Unesco, la "suspensión inmediata de todo trabajo" en la torre, diseñada por el arquitecto César Pelli.
Esta propuesta, no obstante, no prosperó y la resolución definitiva de la Unesco daba cuenta del "impacto visual altamente negativo" del proyecto, pero sólo reclamaba una serie de medidas para "evitar desarrollos similares en el futuro" en la ciudad hispalense y mitigar los efectos visuales de la torre sobre el paisaje histórico.
Ya en junio de 2013, en el marco de la XXXVII sesión del Comité de Patrimonio Mundial, la Unesco daba cuenta de los "progresos" alcanzados en la "finalización y aprobación de planes especiales de protección para los sectores del Conjunto Histórico" con la previsión de conclusión de los mismos "en 2013", así como la previsible "cobertura completa" de la zona de 'amortiguamiento' de los monumentos con dichos planes especiales y el empeño de las autoridades locales por "establecer adecuadas medidas de control" de cara a las nuevas construcciones, según el acuerdo aprobado entonces, recogido por Europa Press.
LOS AVISOS DE ADEPA
Transcurridos años desde aquel posicionamiento de 2013, la Asociación para la Protección del Patrimonio de Andalucía (Adepa) alertaba de que varios de los citados planes especiales de protección siguen sin estar convalidados, como es el caso de los correspondientes a los sectores urbanos de la Catedral y el Alcázar.
En ese contexto, en diciembre de 2021, el pleno aprobaba a instancias de Adepa dos mociones similares promovidas por Adelante y Vix, en demanda de revisar el trabajo elaborado para los planes especiales de la Catedral y el Alcázar de cada a su aprobación provisional en un plazo máximo de 15 meses, la homologación de todos los sectores que cuentan con plan especial de protección a la sentencia que anula 12 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico "en un plazo igual" de tiempo; "la revisión de los compromisos con la Unesco para la zona de respeto y la de amortiguamiento" y para "evitar la construcción de edificios de características semejantes a la Torre Pelli".
A tal efecto, Cristina Peláez ha señalado ya este jueves que "hasta la fecha no se ha hecho nada" de lo acordado, avisando de que hay un "peligro" de que la Unesco retire su declaración de Patrimonio Mundial para los monumentos hispalenses y, sobre todo, criticando que la situación no haya sido solucionada transcurridos "diez años" de aquel "compromiso" de 2012.
MUÑOZ NO VE "DESPROTECCIÓN"
Antonio Muñoz ha lamentado de su lado la "visión alarmista" de Vox, precisando de que el hecho de que los planes especiales de protección de los sectores urbanos de la Catedral y el Alcázar no estén aprobados definitivamente "no implica desprotección", pues los monumentos están catalogados como bien de interés cultural (BIC) y por ende "amparados por la Ley de Patrimonio", además de que cualquier actuación en los mismos y sus entornos debe ser supervisada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.
Al respecto, ha explicado que el "retraso" que sufre la aprobación definitiva de dichos planes especiales de protección deriva de que en 2015, los documentos elaborados por el Ayuntamiento para los mismos contaron con un "informe desfavorable" por parte de la Consejería de Cultura.
Ante esa "discrepancia", según el alcalde, el Ayuntamiento está "negociando un consenso con la Consejería de Cultura" para que los citados planes especiales gocen del "visto bueno inicial" de la Consejería con la mera aprobación inicial del pleno, al objeto de no comenzar de cero la redacción de nuevos documentos.
"Eso es lo que justifica el retraso", ha alegado el alcalde, defendiendo que no pesa "ninguna advertencia, aviso o requerimiento" por parte la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura o la Unesco, acerca de que esté "en riesgo" la declaración de Patrimonio Mundial, toda vez que Peláez ha opinado que sí "existe ese peligro".
