Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado en el marco de su campaña contra el Salón de la Minería, que se celebra en Sevilla, en el que aboga por la recuperación de los minerales ya extraídos durante siglos de explotación de la Tierra antes que por la apertura de nuevos yacimientos mineros. Los verdes protagonizaron un simbólico acto de taponamiento de la tubería de vertido de la compañía Cobre las Cruces al río Guadalquivir, cerca de La Algaba.
Ecologistas en Acción parte del principio de que todas las minas contaminan y asegura que “ante la actual apuesta por el extractivismo hay alternativas basadas en la recuperación de los minerales ya extraídos durante siglos de explotación minera”.
Este pronunciamiento de los verdes va en línea con la nueva tendencia de la denominada economía circular, que abre nuevas perspectivas a la recuperación de las materias primas a partir de residuos mineros como los contenidos en las escombreras y presas específicas de históricos yacimientos explotados durante siglos, como es el caso de Riotinto, Tharsis y otros de la Faja Pirítica en el Suroeste peninsular.
Activistas de Ecologistas en Acción han simulado el taponamiento de la tubería del vertido minero que la mina Cobre Las Cruces (CLC) viene realizando al Guadalquivir desde 2009, como acto de protesta contra la minería, dentro de la campaña “Todas las minas contaminan”, lema del contrasalón que asociaciones ecologistas de España y Portugal han organizado como respuesta al Salón Minero que las empresas mineras están celebrando en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) durante los días 18 al 20 de octubre de 2022.
El vertido al Guadalquivir se inició cuando empezó a funcionar la planta hidrometalúrgica de la mina Cobre las Cruces CLC hace ya más de 13 años y, según Ecologistas, supone la introducción al río de metales pesados bioacumulables como arsénico, cadmio, plomo, cobre, cinc, níquel y mercurio, «que acaba en nuestros platos -afirma- vía pesquerías del Golfo de Cádiz y a través de las producciones hortofrutícolas y de arroz que se riegan desde el río.
Según cálculos de los verdes, las tuberías de la mina han vertido en estos años al Estuario del Guadalquivir, en su punto de vertido de La Algaba, casi 4.800 kg de cinc, 1.800 kg de arsénico, plomo y cobre, 1.200 kg de níquel y 120 kilos de mercurio, "metales pesados de gran toxicidad -aseveran- que están contaminando la biodiversidad, los arrozales y Doñana, afectando a actividades socioeconómicas y al principal humedal de Andalucía".
En un comunicado, Ecologistas asegura que la empresa minera CLC pretende continuar vertiendo otros 14 años más, de llevarse a cabo la ampliación de la mina con el conocido proyecto PMR de minería subterránea y nueva planta de beneficio polimetálica. La nueva autorización ambiental de este proyecto supone un nuevo vertido de aguas contaminadas con metales pesados de 2.340.000 m3 anuales, en el mismo punto de vertido, en Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir de la Red Natura 2000, «sin haber realizado un verdadero estudio sobre el impacto ambiental en la biodiversidad del estuario del Guadalquivir, desde La Algaba hasta su desembocadura junto a los límites del Parque Nacional de Doñana, e incrementando notablemente los contenidos en metales pesados», expresa.
Tampoco, a juicio de los ecologistas, se ha evaluado el efecto acumulativo que este vertido va producir junto con el que se pretende autorizar a la empresa Minera Los Frailes (MLF) tras la reapertura de la Mina de Los Frailes de Aznalcóllar. Ese nuevo vertido contaminante se producirá en Santiponce (Sevilla), a tan sólo 4 kilómetros aguas abajo del mismo ZEC Bajo Guadalquivir, con una cantidad inicial de 14 millones de m3 en la fase preoperacional de 1,5 años de vaciado de la corta de Los Frailes, y 4.380.000 m3/año durante los siguientes 17 años de operación minera y de su nueva planta de beneficio.
Además, ambas empresas mineras pretenden usar los Fondos Next Generation EU, vulnerando, en opinión de los verdes, el principio de “No causar un perjuicio significativo” al medioambiente (principio DNSH: “Do No SignificantHarm”), una de las condiciones impuestas por la Unión Europea para poder optar a esos fondos.
