El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Ismael Sánchez, ha urgido este lunes al Ayuntamiento para que proceda a la "retirada" de 90 símbolos franquistas que aún perduran en la ciudad, entre los que destacan 29 lápidas y rótulos, cinco centros educativos y 20 calles que lucen aún nombres de personas que participaron activamente en el golpe de Estado o en el régimen franquista, entre otros espacios.
De no atender esta reclamación, "nuestra organización se querellaría contra el Ayuntamiento por incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática", ha advertido Sánchez. La misma Ley cuya aplicación ha permitido después de año de reivindicaciones de los colectivos memorialistas exhumar de la Basílica de la Macarena al general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina. Esto "no es sufiente", ha sostenido.
A las puertas del Ayuntamiento, Sánchez ha confirmado el registro en dependencias municipales de un "inventario" realizado por el letrado y militante de IU Francisco Tejado, con el detalle de los 90 símbolos franquistas que la formación política exige que sean retirados. "Es intolerable que, mientras existen víctimas asesinadas desaparecidas en fosas comunes y cunetas, Sevilla, una ciudad solidaria y democrática, mantenga todavía símbolos franquistas", ha argumentado el candidato de IU a la Alcaldía.
Desde IU, han defendido que el Ayuntamiento cuenta con un "marco jurídico" que le permite "actuar, y lo que pedimos es que lo haga con diligencia". "De no ser así, emprenderíamos las acciones legales oportunas para conseguir que en la ciudad se haga justicia, se repare el daño y, de una vez por todas, cerremos una herida provocada por 40 años de dictadura". "El Ayuntamiento puede actuar desde ya. No hay excusas", ha apostillado Sánchez.
Según ha recordado Ismael Sánchez, la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía determina que "la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas", y que es obligación de las administraciones públicas "proceder a su retirada o eliminación".
En el mismo sentido se pronuncia la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática al asegurar que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista".
