Facua, que representa a 79 de los afectados por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria; ha valorado que el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla haya abierto juicio oral contra seis personas entre las que figuran la familia que administraba la empresa y una veterinaria municipal, pues según la entidad "hay elementos más que suficientes" que reflejan que dicha empleada pública habría incurrido, siempre supuestamente, en "graves delitos".
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha valorado en declaraciones a Europa Press este auto de apertura de juicio oral dirigido contra José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, como responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; el arquitecto técnico Sergio L.G. y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal.
En ese sentido, Rubén Sánchez ha considerado "positivo este nuevo e importante paso en la causa judicial", aunque ha avisado de que para los afectados, aún "queda mucho camino por recorrer", pues aún "hay que fijar fecha para el juicio", que se celebrará en la Audiencia de Sevilla.
Rubén Sánchez ha defendido, una vez más, que en la instrucción de la causa, que principalmente gira en torno a un delito contra la salud pública en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave; pesan "elementos más que suficientes para entender que la veterinaria municipal incurrió en graves delitos y por tanto en responsabilidad penal".
Tal extremo, según ha precisado, se traducirá en caso de sentencia condenatoria contra la misma, en que el Ayuntamiento de Sevilla habrá de afrontar "el pago de las indemnizaciones, como responsable civil subsidiario" de las actuaciones de la veterinaria municipal.
LA "POCA TRANSPARENCIA" DE MAGRUDIS
A tal efecto, recordemos que en su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el juzgado determinaba que "la propagación del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, no comunicando desde el primer minuto los tipos de productos elaborados, tipo de productos distribuidos y lotes de cada uno de ellos", considerando que los administradores de la entidad "si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores".
La jueza instructora consideró además que el Ayuntamiento de Sevilla "debe responder en calidad de responsable civil" porque habría llevado a cabo "una actuación deficitaria y anormal del servicio público que se debe prestar por parte" de dicho Consistorio, señalando que la veterinaria municipal que inspeccionó las instalaciones de Magrudis "puntuó a la baja y omitió algunas puntuaciones, sin recoger muestras de productos, ni comprobar las superficies", entre otros aspectos.
LAS "OBLIGACIONES" DE LA VETERINARIA MUNICIPAL
Ello, según la jueza, "a pesar de estar obligada a evaluar todos los apartados del sistema de puntuación, valorando el riesgo potencial, el nivel de cumplimiento, la confianza en la gestión, sistema de autocontrol e historial de la empresa".
En ese sentido, recordémoslo, en este nuevo auto de apertura de juicio oral, la juez ordena que el Ayuntamiento de Sevilla "preste fianza solidaria en cantidad de 5.025.648,40 euros", de cara a las posibles indemnizaciones.
El portavoz de Facua, además, ha lamentado que pese a los aspectos trascendidos durante la instrucción del caso, "el Ayuntamiento no haya garantizado un aumento considerable en el número de inspectores veterinarios".
Criticando la "irresponsabilidad del Ayuntamiento en el control alimentario", Rubén Sánchez ha alertado así de que "seguir insistiendo en que no son necesarios tantos inspectores" como reclama Facua "es continuar con una irresponsabilidad que puede derivar en otro caso Magrudis".
