El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha alertado de que el nuevo impuesto que gravará los residuos que se lleven a vertedero o se incineren los pagarán “a pulmón” las entidades locales, por lo que ha pedido al Gobierno andaluz que abra un proceso de diálogo “para revertir en actuaciones municipales esos impuestos”.
Como ya reveló Viva en sus informaciones sobre la situación de la planta de Montemarta-Cónica que gestiona Aborgase y que entierra en vertedero más del 85% de los residuos que le llegan a sus instalaciones, procedentes de 42 municipios de la provincia de Sevilla, la Junta pretende recaudar en 2023 con el nuevo Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración 119,36 millones de euros, de los que la ONG Rethinking estimaba que 20 millones corresponderán a los de la planta de Alcalá de Guadaíra.
La entrada en vigor de este nuevo impuesto nacional, el pasado 1 de enero, como reconoce el presidente de la FAMP, no ha sido trasladada por los municipios a sus presupuestos, ya que “no han dispuesto de tiempo suficiente para rediseñar sus tasas para poder repercutirlo sobre las mismas en 2023, lo que supondrá que esta tasa sea financiada íntegramente por las entidades locales". “Estamos hablando de una cantidad muy respetable, 120 millones de euros en Andalucía, y que tendrán que soportar a pulmón los ayuntamientos”.
Las estimaciones que manejan desde la FAMP proceden de los cálculos estimados por Lipasam y coinciden al completo por los publicados por Viva a partir de datos de Rethinking. "En el caso de los residuos municipales, y dado que la recogida, transporte y tratamiento corresponde a las entidades locales, éstas serán las contribuyentes del impuesto, siendo el hecho imponible la entrega de residuos para su eliminación en vertederos autorizados, de titularidad pública o privada, que gravará los residuos municipales con una cuota íntegra de 40 euros por toneladas si los residuos se entregan sin tratamiento previo, o de 30 euros si se tratan de residuos previamente tratados procedentes de rechazos de residuos municipales".
Así, el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla ha emplazado al Gobierno andaluz abra "un proceso de diálogo, en clave de Buena Gobernanza Pública, que permita la reinversión en actuaciones municipales con carácter finalista de aquellos ingresos" que la Junta de Andalucía "recibirá” con cargo a la ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Gobierno de España.
Villalobos ha defendido que este acuerdo "supondría un sano ejercicio que beneficiaría a la ciudadanía" de los municipios con proyectos que ayuden a una Andalucía "más verde, cohesionada y más social". Para ello, "es necesario codiseñar las políticas públicas y las actuaciones locales contando con ayuntamientos y diputaciones, desde el conocimiento de las necesidades locales, ya que es la mejor respuesta para hacer de la economía circular la mejor aliada para el desarrollo local", según ha concluido el presidente de la FAMP.
Ha apuntado además que este impuesto ya existe en "numerosas" comunidades autónomas, aunque "con importantes diferencias regulatorias", algo que, "unido a su inexistencia en algunas autonomías, provoca el llamado turismo de residuos; es decir, que los residuos generados en una comunidad autónoma acaben siendo gestionados por otra donde no existe un tributo autonómico de dichas características o está configurado de una forma menos gravosa".
De igual manera, ha adelantado que la Ley 7/2022 "prevé que las entidades locales establezcan una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía".
Nada de vertederos
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en la que se incluye el impuesto al depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, califica esta carga fiscal como un “instrumento económico clave para avanzar en la economía circular y en la consecución de los objetivos para la reutilización y reciclado en materia de residuos”.
De hecho, uno de sus principales objetivos es desincentivar la práctica de tirar a vertedero o incinerar los residuos sólidos urbanos de los municipios para contribuir a la reintroducción de los materiales de los residuos otra vez en la economía, como por ejemplo los reciclados.
Con ese objetivo, se establecen esas tasas impositivas, de 15 a 40 euros por toneladas, según el tipo residuo del que se esté hablando y su tratamiento o no, buscando bajar en un 13% los residuos generados en 2025 y en un 15% en el año 2030.
El coste para Sevilla
Sevilla capital y 41 municipios más de la provincia depositan sus residuos sólidos urbanos en el Centro de Tratamiento Integral de Montemarta-Cónica, en prórroga forzosa desde 2019, sin licitación aún por parte de la Mancomunidad de Los Alcores, y en manos de Aborgase, propietaria mayoritaria de la finca y que pretende seguir ampliando la vida, precisamente, de sus vertederos, como ha ido publicando Viva desde el mes de diciembre.
Según las estimaciones que había realizado Rethinking partiendo de los últimos datos de los que disponía en su momento, los de 2018, y teniendo en cuenta que la planta de Montemarta-Cónica entierra en el vertedero más de 370.000 toneladas que no consigue revalorizar, Aborgase tendría que pagar 20.037.121 euros en total por sus residuos enterrados.
Así, de ese total, 6.493.201 euros se corresponderían a los vertidos directos a 40 euros la tonelada y 13.543.920 (30 euros) por el rechazo en las instalaciones, teniendo en cuenta que son 162.330 toneladas las que se vierten directamente al vertedero, 451.464 toneladas las que se rechazan en la planta de tratamiento y 613.794 el total de toneladas que se quedan en los vasos de depósitos que ahora quiere ampliar la compañía, siempre según los datos de 2018.
