El candidato de Izquierda Unida a las elecciones municipales para la Alcaldía de Sevilla, Ismael Sánchez, ha alertado este martes de "planes" de la Junta para "poner el Hospital Militar de Sevilla al servicio de la sanidad privada", en lo que ha calificado como un hecho "inédito" que se pretenda "derivar a pacientes de la Atención Primaria hacia la sanidad privada, utilizando instalaciones públicas para atenciones y operaciones a cambio de una merma del 35% en el precio de las tarifas.
En una nota de prensa, Sánchez ha recordado que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha anunciado la apertura del Hospital Militar Vigil de Quiñones para el próximo mes de marzo "sin que el centro hospitalario disponga de personal sanitario propio", ya que los profesionales que vienen desempeñando allí sus funciones están adscritos al Hospital Virgen del Rocío, por lo que ha asegurado que "mucho nos tememos que alguien va a pegar otro pelotazo haciendo negocio con la salud de los sevillanos".
Para el responsable político, número dos de la confluencia electoral Izquierda Unida-Podemos, es un "auténtico disparate" que las entidades privadas "vayan a poder utilizar instalaciones públicas, reformadas con dinero público, para realizar atenciones y operaciones que el SAS les haya derivado previamente", ya que se trata de servicios públicos pagados a empresas privadas que se van a realizar en la propia red sanitaria pública, "un absoluto despropósito", ha insistido.
Ismael Sánchez ha señalado que las derivaciones de pacientes por parte del SAS hacia la sanidad privada han aumentado casi un 43% desde 2018, y ha advertido de que "si no lo evitamos, el deterioro de la sanidad pública va a ir en aumento", por lo que ha hecho un llamamiento a participar en la "gran movilización por la defensa de la sanidad pública" que tendrá lugar el próximo 25 de marzo.
Por último, Sánchez ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó la semana pasada una moción de urgencia presentada por el grupo municipal Podemos-Izquierda Unida en el que mostraba el rechazo al proyecto de Orden de la Consejería de Salud y a la política llevada a cabo por el Gobierno andaluz en materia de privatización y conciertos sanitarios, al tiempo que instaba a la Junta a incrementar los presupuestos en sanidad pública hasta alcanzar la media del Estado de inversión por habitante con el objetivo de reducir las listas y tiempos de espera destinando mayor inversión y más personal al sistema de salud público andaluz.
