Un ingeniero de Minas ha reclamado al Ministerio de Sanidad, a la Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Aznalcóllar información sobre los efectos sobre la salud, y en especial en embarazadas y lactantes, que pudo provocar el vertido tóxico de Boliden, al entender que son sustancias “neurotóxicas de las que no se conocen niveles sin efecto ni en la sangre, ni en la leche materna”, efectos dañinos que compara con los que la multinacional sueca provocó en la población chilena de Arica.
La petición del ingeniero Miguel Ángel Gallardo Ortiz, presidente de la asociación Apedanica, ya ha sido contestada por la fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, que el 31 de marzo ordenó remitir la petición al Juzgado de Instrucción 3 de Sanlúcar la Mayor, primero en el que se incoaron diligencias previas, aunque será el juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla capital el que el 4 de julio inicie el proceso, 25 años después, por el coste del vertido, por el que la Junta reclama casi 90 millones de euros a Boliden por los daños ocasionados.
En el “peregrinaje judicial”, como llamó el Supremo a la causa, se introduce ahora una nueva variante, la de los efectos sobre la salud que ha podido tener ese vertido, especialmente en embarazadas y lactantes, y que ahora Gallardo reclama comparándolo especialmente con Arica, una población chilena en la que la Sociedad Promel Ltda y Boliden Metall AB depositaron durante años plomo, arsénico, cobre y mercurio a la intemperie en una zona industrial. Sus habitantes quedaron expuestos a la contaminación y, con los primeros problemas de salud, comenzaron una lucha judicial que terminó con Promel y los servicios sanitarios condenados a indemnizar a los afectados.
Gallardo ha reclamado al Ministerio, Junta, Diputación y Ayuntamiento de Aznalcóllar toda la información sobre “los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998, reclamados judicialmente, o no”, además de la misma información sobre los efectos los vertidos tóxicos “en la salud de quien estuviera expuesto en algún momento”.
Y reclama un informe al “mayor detalle posible de cualquier incidencia en embarazadas y lactantes, con muy especial atención a los datos indiciarios de los efectos de la contaminación tóxica en muestras de leche materna analizada, con o sin valoraciones médicas y epidemiológicas, así como secuelas en lactantes”. Según expone, “todos los bancos de leche materna deberían haber desarrollado programas de biomonitorización estandarizados, con guías de referencia y datos o metadatos para estudios estadísticos en la zona de la catástrofe minera de Boliden”.
Gallardo entiende “que las sustancias vertidas por la rotura de la balsa minera de Boliden son neurotóxicas de las que no se conocen niveles sin efecto ni en la sangre, ni en la leche materna, por lo que siempre deberían extremarse todas las alarmas cuando hay vertidos como los de Boliden”.
Este ingeniero fue protagonista de un procedimiento judicial con el subdirector de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, Ramón Álvarez Rodríguez, que realizó un peritaje para Boliden, que demostraba la vinculación de la filial española, Apirsa, con la matriz, Mineral AB. El proceso, que ganó Gallardo, se centraba en la incompatibilidad del funcionario para realizar el peritaje de parte y el intento de éste por silenciarlo con sanciones. Ahora, en el juicio fijado para julio, la Junta les reclama a las tres empresas que forman parte del grupo (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV) los 90 millones de indemnización.
