La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ha acordado de nuevo solicitar una modificación del proyecto privado promovido para la instalación de apartamentos turísticos en un inmueble de la céntrica Plaza de la Contratación, incluyendo una piscina, para "minimizar su afección" al "entorno inmediato" de los Reales Alcázares y del resto de bienes protegidos de ese sector histórico.

En un acuerdo aprobado el pasado 5 de mayo y recogido por Europa Press, la Comisión Provincial de Patrimonio aborda un documento refundido de un proyecto básico y de ejecución destinado a la implantación de apartamentos turísticos de dos llaves, con documentación complementaria para una piscina, en la céntrica plaza de la Contratación, un enclave que según precisa el documento, está abarcado por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla correspondiente a los Reales Alcázares, declarados Patrimonio Mundial en 1987.

Es más, el acuerdo detalla que el edificio objeto de esta actuación "figura como catalogado con protección Grado C, Protección Parcial Grado 1", como legado de las "casas de pisos de los siglos XIX y XX", destacando que se sitúa "en los linderos de los Reales Alcázares", un monumento que goza de la máxima protección; y "se encuentra también en el entorno de otros monumentos como el Archivo General de Indias y la Cilla del Cabildo"; además de estar inserto "en la zona de amortiguamiento del Alcázar, la Catedral y el Archivo General de Indias como bienes incluidos en la lista de Patrimonio Mundial".

Ya en un acuerdo adoptado el pasado mes de enero, cabe recordarlo, la Comisión acordaba solicitar a los promotores de este proyecto "una solución alternativa a las barandillas sobre los pretiles" y que se "subsanen las consideraciones establecidas por el informe municipal, con el fin de poder valorar adecuadamente su posible afección tanto en el entorno más inmediato como el del propio Alcázar y demás BIC situados en las proximidades, e incluso en el conjunto histórico"; con el aviso de la necesidad de "estudiar la no afección de las nuevas estructuras sobre los elementos existentes en base a los resultados arqueológicos de la actividad realizada".

Ahora, ante el proyecto refundido básico y de ejecución con documentación complementaria para una piscina presentada posteriormente por los promotores del proyecto, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico se ha pronunciado en el mismo sentido que en su anterior acuerdo, insistiendo en reclamar "una solución alternativa a las barandillas que se colocan sobre los pretiles, con el fin de poder minimizar su afección" y reclamando "incluir el estudio y justificación de la no afección de las nuevas estructuras" sobre los elementos ya existentes.

Ello, en un marco en el que la proliferación de las viviendas turísticas ha despertado todo un debate público y político en Sevilla capital, dadas las voces que avisan de que la multiplicación de estos inmuebles reducen directamente la oferta de viviendas residenciales, incrementando los precios de alquiler y compra de las mismas y, por ende, desplazando a la ciudadanía local hacia el extrarradio o el área metropolitana a la búsqueda de viviendas asequibles.

En 2022, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una regulación municipal para actuar en la materia, asignando a las viviendas con fines turísticos la consideración de servicio terciario, lo que implicaba su sometimiento a las mismas condiciones, requisitos de implantación y ubicación que hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos.

No obstante, la Junta de Andalucía recurrió dicha regulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al apreciar "graves restricciones de acceso de forma injustificada y desproporcionada, conculcando los principios básicos de la Ley de garantia de unidad de mercado y jurisprudencia de la UE, contraviniendo, además, el interés general", según el Ejecutivo autonómico.

Empero, el Gobierno andaluz anunciaba recientemente que trabaja en un decreto para regular las viviendas turísticas que propiciará que los ayuntamientos puedan controlar su actividad, cuando hasta ahora era una competencia autonómica sobre la ordenación turística.