La autoridad sanitaria ha decretado el cierre de un supermercado en el municipio sevillano de Écija por vender productos que no eran aptos para el consumo humano y en algunos casos tenían insectos, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
En la inspección constaron que alimentos que deberían mantenerse conservados en frío se encontraban almacenados a temperatura ambiente, llegando algunos a la descomposición y provocando con ello un fuerte hedor, y en otros casos, los productos llegaban incluso a tener insectos.
La Policía Nacional ha detenido al responsable del establecimiento de alimentación por su presunta participación en un delito contra la salud pública, ya que se aprovechaba de la falta de recursos económicos de algunos vecinos de la zona y de otros que se desplazaban desde municipios cercanos para aprovecharse de las atractivas ofertas, pues vendía a un precio mucho más bajo que el de mercado.
El pasado día 11 de mayo agentes de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de Seguridad Pública, pertenecientes al Área Sanitaria de Osuna (Sevilla), llevaron a cabo una inspección en el supermercado, donde pudieron constatar las graves irregularidades que se estaban cometiendo y que suponían un riesgo para la salud de las personas, ya que la práctica totalidad de los productos no eran aptos para el consumo humano.
Además, las instalaciones carecían de las medidas mínimas higiénico sanitarias que tienen que cumplir para que todos los productos puedan llegar con plena garantía al consumidor final.
La autoridad sanitaria dictaminó la no aptitud para el consumo humano de la práctica totalidad de los productos alimenticios que se estaban vendiendo a los vecinos, acordando por ello, la destrucción de los productos y el cierre del supermercado.
La autoridad judicial investiga si la propietadad del negocio podría haber incurrido también en un delito contra la salud pública, con grave riesgo para la población.
La respuesta de los implicados
La representación legal del establecimiento en cuestión, el despacho de abogados Ramos Caballero, ha asegurado que “no se vendían productos en mal estado” ni es cierto que se vendieran productos “cuyas características higiénicas y sanitarias, no cumplían con la normativa vigente”, apuntando que el encargado no se aprovechaba “de la carestía de persona alguna. Los precios eran los que le permitían los márgenes de ganancias teniendo todas las facturas de compra mayorista”.
El despacho apunta que “no existían insectos en dichos productos así como que la práctica totalidad de los alimentos no han sido destruidos”, señalando que a la investigación “no ha tenido acceso esta parte”.