Jorge Paradela, consejero de Política Industrial y Energía, ha celebrado el dictamen ambiental favorable para la nueva explotación de la mina de Aznalcóllar en Sevilla a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis. Ahora, la reactivación de la corta minera afronta la autorización ambiental unificada (AAU) y, por último, "los permisos de la autoridad minera", para lo cual su departamento ya trabaja en los correspondientes "borradores".
En rueda de prensa, el consejero Jorge Paradela ha defendido que la reanudación de las actividades en la corta minera de Los Frailes ha cosechado un avance "enormemente relevante" con la consecución del citado informe ambiental favorable, el informe de admisibilidad del vertido y el permiso de agua.
Ahora, según ha precisado, el procedimiento afronta la consecución de la preceptiva autorización ambiental unificada y "los permisos de la autoridad minera", para lo cual su consejería ya está trabajando en los correspondientes borradores.
"La reapertura está más cerca que nunca", ha enfatizado, toda vez que ya han transcurrido 21 años del cierre del recinto minero como consecuencia del enorme desastre ambiental derivado de la fractura de su balsa de metales pesados, cuando estaba explotado por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), filial de la multinacional sueca Boliden.
La reapertura de la mina, no lo olvidemos, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
EL JUICIO DE 2025
Recordemos igualmente que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
