Este martes, CCOO ha exigido al Gobierno andaluz del PP la igualdad laboral de los colectivos de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE). Reclaman que a estos profesionales se les considere "personal escencial" y no sufran "discrimación" por parte de la Junta.
En el marco de la huelga indefinida convocada en el colectivo de PTIS, CCOO ha celebrado este martes una concentración a las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para reclamar el cumplimiento del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad a las empresas concesionarias del servicio de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), Osventos Servizos SL y Fundación Samu, que emplean a más de 350 personas.
El sindicato señala directamente a la Junta de Andalucía como "principal responsable de un modelo de privatización de servicios públicos, que sólo genera discriminación y desigualdad" entre las plantillas que atienden al alumnado NEAE, "un colectivo integrado en un 95% por mujeres". En este sentido, el sindicato hace un llamamiento a que el Gobierno andaluz del PP haga seguimiento a la gestión que estas empresas privadas, que se lucran con dinero público, están llevando a cabo con las plantillas de PTIS e ILSE.
LOS "ATRASOS"
Entre otros, CCOO ha reclamado el abono de vacaciones, el cumplimiento del convenio en cuanto a retribuciones o abono de nóminas en plazo, el pago de los atrasos, y, a su vez, ha denunciado las modificaciones sustanciales de condiciones laborales con cambios en el tipo de contrato, o las "drásticas reducciones de jornadas de trabajo".
"Toda la plantilla está contratada a tiempo parcial, lo que impide que las funciones de carácter asistencial, de colaboración con el centro, planificación y elaboración de material o apoyo en la autonomía y relaciones sociales puedan llevarse a cabo", ha lamentado CCOO.
"DISCRIMINACIÓN"
A juicio del sindicato, "es intolerable que exista esta discriminación entre quienes trabajan como personal laboral con convenio de la Junta y quienes trabajan para las empresas licitadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), como Osventos o Fundación SAMU, que se rigen por un convenio diferente y cobran, en algunos casos, hasta un 50% menos, una muestra más de que la privatización de los servicios públicos genera condiciones de precariedad laboral, peores salarios, parcialidad involuntaria y un deterioro manifiesto de la calidad" del servicio.
Asimismo, ha reclamado que el colectivo de PTIS e ILSE externalizado sea considerado personal esencial y se cumpla íntegramente el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, "lo que facilitará una atención totalmente digna al alumnado más vulnerable y a sus familias".
