El juicio al "chófer de la coca" abre nuevo ciclo de cuatro piezas del caso de los ERE

La Audiencia de Sevilla retoma el caso de los ERE con cuatro juicios programados en enero, entre ellos el de Juan Francisco Trujillo, el chófer de Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que reconoció el gasto en cocaína con el dinero público que recibió de su jefe.

La sección primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para los días 8, 9, 10, 11 y 18 de enero el juicio por prevaricación y malversación contra el chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta, una de las piezas separadas del caso ERE.

El caso se retoma tras la suspensión del juicio al conocido como el "chófer de la coca" en el mes de septiembre de 2022 por la renuncia del abogado de una empresa implicada en el caso.

El proceso judicial que atraviesa Juan Francisco Trujillo lleva desde 2017 a la espera de un juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla y ha pasado por cuatro jueces: dos jubilados, uno que solicitó el traslado y otro que se abstuvo por haber sido alto cargo de la Junta.

Las declaraciones de Trujillo llegaron tras destapar el conocido como "fondo de reptiles", que contenía 647 millones de euros repartidos de manera "arbitraria", según Guerrero, y destinado a empresas sin seguir el procedimiento legal establecido por la Intervención General.

Supone uno de los más relevantes del entramado tras la pieza del "procedimiento específico" o pieza política de los ERE, en la que el Tribunal Supremo ratificó prisión para varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el expresidente andaluz José Antonio Griñán.

El chófer admitió ante los investigadores del caso que utilizó parte de los 900.000 euros que le otorgó su jefe para comprar cocaína.

Precisó que llegó a gastar unos 20.000 euros diarios y a consumir cada uno más de cinco gramos diarios de cocaína, y también que dedicó dinero a copas y a comprar fincas, un piso y regalos.

De igual forma, reveló haber realizado alguno de estos regalos a Guerrero, aunque esta versión siempre fue negada por el ex director general de Trabajo, fallecido en 2020.

La Fiscalía Anticorrupción pide para el chófer una indemnización de casi 1,5 millones de euros y una pena de 14 años de prisión y 30 de inhabilitación.

En el banquillo de los acusados se sentará también por los mismos hechos Antonio Alabarracín, exdirectivo de Vitalia, una de las empresas que mediaron ante la Junta de Andalucía para la formalización de las pólizas de prejubilaciones, para el que se solicita seis años de prisión y diez de inhabilitación.

Para Isidoro Ruz Espigares, el administrador de una de las empresas del exchófer, la Fiscalía pide seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación.

Por su parte, está previsto que los días 15, 16 y 19 de enero se celebre el juicio por el caso denominado "pólizas individuales", una pieza separada de los ERE en la que se le atribuye a Guerrero, junto a otros cinco acusados, delitos de prevaricación y malversación por asignación de pólizas de seguro en beneficio de personas físicas de su entorno cercano.

Durante los días 22, 23 y 24 tendrá lugar otro juicio del caso ERE que afecta al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y al ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, acusados de haber concedido ayuda presuntamenta fraudulentas a la empresa Elaborados Cárnicos Andaluces S.A.

Los días 10 y 11 de enero está previsto en la sección tercera de la Audiencia otro juicio relacionado con los ERE por las ayudas a Hotelera Comar.