El Gobierno andaluz ha defendido este martes que la explotación de la mina sevillana de Aználcollar a partir de un nuevo proyecto nace con "las máximas garantías medioambientales", aspiración de la que ha puesto como ejemplo la afirmación de que "no se va a verter ni un solo litro de agua al Guadalquivir hasta que la estación depuradora esté en funcionamiento".
El pronunciamiento del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, se ha producido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno a preguntas de los periodistas sobre las advertencias que lanzaron este lunes las organizaciones ecologistas acerca del posible vertido al río Guadalquivir por el nuevo proyecto de explotación de esa mina.
De entrada, Fernández-Pacheco ha sostenido para despejar suspicacias que "no hablamos de reapertura, sino de un nuevo proyecto, que no tiene nada que ver" con la mina que provocó un desastre medioambiental que llegó a las puertas del Parque de Doñana en 1998 tras la rotura de la presa que contenía los lodos tóxicos, por lo que ha recordado en este punto que "las balsas de lodos, que ocasionó el problema, están prohibidas".
El consejero y portavoz ha querido blandir el celo del Gobierno andaluz al respecto del proyecto apuntando que "varias consejerías han escrutado los procedimientos y proyectos", así como ha indicado que "el 80% de las aguas residuales se van a reutilizar para asegurar los procesos de extracción", mientras que "el resto estará depurado".
Fernández-Pacheco ha defendido que "nadie piense que se va a vertir al Guadalquivir", antes de recordar sobre la cautela y exigencia que ha podido rodear a este nuevo proyecto minero el hecho de que haya habido "dos períodos de información pública".
Sobre el recelo hecho público de las organizaciones ecologistas, el consejero y portavoz ha admitido que "la opinión de los ecologistas es la de agentes autorizados" para, seguidamente, replicar que "la opinión de los técnicos de la Junta de Andalucía que han visado el proyecto es igual de válida".
"Que nadie piense que esas aguas residuales que salen de la mina se van a verter directamente al Guadalquivir", ha afirmado.
Este lunes Greenpeace y Ecologistas en Acción apuntaron sus advertencias sobre el vertido "tóxico y contaminante" al río Guadalquivir implícito en el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la corta minera.
Los colectivos presentaron un manifiesto ante la Junta de Andalucía, a la atención del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, después de haber formulado alegaciones contra este proyecto de explotación de recursos de la Sección C) número 7976, Zona de Aznalcóllar e instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce.
La reapertura de la mina parte de una inversión prevista de 316 millones de euros y de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
El vertido al río
Los grupos ecologistas avisan de que el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Aseguran que, "a pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio de funcionamiento de la mina tiene un alto contenido en metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes".
"Este vertido tóxico envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana, sin que hasta la fecha haya informado el Consejo de Participación de Doñana ni se hayan pronunciado tampoco desde la Estación Biológica", aseveraron este lunes los ecologistas, convencidos de que "no se ha aprendido nada" de la catástrofe natural de 1998 tras la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa).
Este nuevo vertido "se acumulará con el que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces", que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Salteras y Guillena y "cuyo vertido se sitúa también en el estuario del Guadalquivir con un volumen total autorizado de 2.340 millones de litros durante un periodo aproximado de 14 años".
Ecologistas recordó también este lunes que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio sobre la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
