El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido al Comité de Empresa de la Base de Morón de la Frontera, del que ha escuchado "la difícil situación laboral" por la que atraviesa el colectivo de trabajadores de nacionalidad española.

Fernández ha anunciado que abrirá vías de colaboración en instancias superiores para conseguir que se cumplan los acuerdos establecidos. "Se hace necesario que prime el empleo y, sobre todo, que se genere riqueza en los municipios del entorno donde se ubica esta instalación militar", ha dicho Fernández.

Según este colectivo, existe "una estrategia predeterminada de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país".

En este sentido, la adjudicataria americana de prestar los servicios en la base, ya acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo desde 2010, desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

La plantilla de nacionalidad española lleva ya unos 10 años reclamando una modificación del tratado bilateral de defensa entre Estados Unidos y España, que regula el funcionamiento de dicha instalación militar, al objeto de que "sean incorporadas mejoras laborales para los empleados civiles y garantías en materia de mantenimiento del empleo".

La tramitación del convenio de Cooperación entre España y EEUU para regular las bases en territorio español "no puede ser un puro trámite para los Estados Unidos, donde ellos proponen y el Congreso de los Diputados acepta. Lejos de eso", ha dicho.

"Es de crucial importancia que se traten de equiparar las condiciones laborales en las Bases que los estadounidenses tienen en suelo andaluz", ha reconocido.

Según el comité de empresa, "existe una dualidad laboral muy acentuada entre las plantillas de las empresas contratadas con sede en España, en la que los trabajadores con contrato español cumplen con todos los requisitos en materia fiscal y de cotizaciones a la Seguridad Social, frente a las empresas estadounidenses, que están exentas de ambas obligaciones, incluidos los costes empresariales".

Esto genera "una competencia desleal", ya que las empresas contratistas optan por la contratación de personal estadounidense en origen, a la vez que "amortizan puestos cubiertos por plantilla con contrato español".

Continúa el informe del comité argumentando que "el gobierno americano siempre ha recogido sus necesidades militares en el Tratado Bilateral, como bien se recoge en las tres últimas enmiendas. Sin embargo, en la última negociación, ambos países firmaron un 'Acuerdo de buen entendimiento' para la potenciación de la contratación española, que no estaba incluido en el Tratado Bilateral y que, sin embargo, no ha tenido ninguna repercusión positiva en la Base de Morón".

El presidente de la Diputación ha expuesto que "se tiene que aspirar a que el tratado entre España y EEUU en esta materia sea una cuestión en la que ambas partes salgan beneficiadas y, eso, desde el lado español, se traduce entre otras cosas en la estabilidad del empleo de los trabajadores de los municipios del entorno de influencia que desarrollan su trabajo en esta instalación".