Antonio Fajardo, presidente de la Asociación Parque Vivo del Guadaíra considera que ocupar la parcela aneja al Estadio Benito Villamarín, como pretende el Real Betis Balompié con su proceso de ampliación, contraviene las directrices internacionales sobre seguridad en los eventos deportivos y supone riesgos inasumibles. Y lo expone en este artículo de opinión que remite a Viva Sevilla.

 

Numerosas asociaciones de los barrios vecinos al Estadio Benito Villamarín presentamos recientemente alegaciones muy críticas al Avance del Estudio de Ordenación del Nuevo Estadio. Consideramos que el proyecto urbanístico del club no supone una mejora urbana, sino que atenta contra el interés público, y afecta gravemente a la calidad de vida de los residentes de los barrios vecinos. Los alegantes manifiestamos nuestro interés en que el club Real Betis finalice las obras de su Estadio, a la par que nuestra firme oposición a que se vincule a la construcción de un espacio comercial o terciario sobre suelos públicos en un sector urbano que da sobradas muestras de saturación. Consideramos que el Avance usa y abusa de la calificación como  iniciativa  de mejora urbana para justificar un pelotazo especulativo en un suelo público, basado en un convenio del año 2003 con los pies de barro, pues responde a un modelo urbanístico  desfasado, que propone crear una nueva centralidad urbana para unos barrios que no lo necesitan ni demandan, y que lesiona el interés público por la desproporción entre lo que recibe la ciudad y las ganancias del club. Como conclusión, consideramos que el documento de Avance carece de la información suficiente para poder emitir la Evaluación Ambiental Estrategica del proyecto y que en todo caso este informe debe ser negativo por el impacto que supone sobre la calidad de vida de un sector saturado y con problemas de movilidad y baja calidad del aire.

 

Un asunto citado por los alegantes, pero poco desarrollado, tiene que ver con los problemas de seguridad que puede acarrear colmatar el entorno del Estadio. La ocupación de este espacio pondría en riesgo a los asistentes a los eventos deportivos y a los propios vecinos, contraviniendo lo previsto en los acuerdos internacionales y en las recomendaciones de la FIFA de que exista un espacio perimetral de protección a los estadios. Desde su construcción como Estadio de la Exposición Iberoamericana, estas instalaciones deportivas han ido creciendo hasta convertirse por su capacidad en el cuarto estadio del pais, proceso que se ha realizado sobre la parcela original, que se ha ido colmatando. Un informe elaborado por la Asociación  Parque Vivo del Guadaira demuestra la ocupación irregular del espacio público colindante, tanto del suelo como del vuelo, con la permivilidad de los sucesivos gobiernos municipales, ocupación que se intensificó con la ejecución del proyecto de Antonio Gonzalez Cordón que desborda por varios puntos la parcela catastral propiedad del club.

 

Gracias al periodismo de investigación de Manuel J. Florencio, hemos sabido de los informes de la Oficina Olímpica Sevilla 2004, que recomendaban que la capacidad máxima del Estadio debía limitarse a 43.400 asistentes, por las condiciones de su entorno y la falta de espacios libres que facilitaran un acceso y -sobre todo- un desalojo en unas condiciones de seguridad aceptables. El mismo alcalde de Sevilla, en relación al ultimo derby, manifestó públicamente su preocupación por la seguridad ante un partido considerado de alto riesgo, por considerar que el entorno del estadio por su configuración física no era el mas adecuado para salvaguardar la seguridad de los asistentes, y el Subdelegado del Gobierno reclamó la imperiosa necesidad de que existiera una burbuja de seguridad en torno al estadio.

 

No es una cuestión baladí, tras la tragedia de Heysel, y teniendo en cuenta que en Europa  se registran incidentes en el 42% de los partidos de futbol, que pese a los medios para evitarlos estos incidentes aumenten un 5,5 % anual, y que se observe un desplazamiento de éstos desde interior al exterior de los estadios, según datos del Consejo de Europa. Precisamente por ello, esta institución promovió el Convenio de Saint-Denis para organizar acontecimientos deportivos más seguros y protegidos. Dicho Convenio fue ratificado por el Reino de España el 23 de mayo de 2017. El Convenio promueve un planteamiento integrado que abarca tres pilares interdependientes: seguridad, protección y atención, y es un instrumento jurídico internacional vinculante que establece la cooperación institucional entre todas las partes.

 

Las recomendaciones sobre la seguridad en el perimetro del estadio y en los puntos de ingreso y de salida, así  como la existencia de un área de seguridad para facilitar la rápida evacuación, se consideran imprescindibles, si bien estas recomendaciones no pueden ser directivas dada la gran variedad de situaciones en cuanto a antiguedad, tamaño y diseño de los miles de estadios europeos y las circunstancias de cada Estado. Sí parece sin embargo inexcusable la aplicación de estas recomendaciones cuando se trata de obra nueva y de una edificación -tan discutida- de 31.500 m2, con usos todavía por definir. Esta construcción complejizaría el manejo de los asistentes a los partidos y comprometería su seguridad, al colmatarse el perímetro del nuevo estadio y dificultar una teórica evacuación de emergencia, que debe completarse hasta un lugar protegido en un tiempo máximo de ocho minutos, segun los estándares de seguridad exigidos. 

 

Las asociaciones alegantes consideraremos, de prosperar el proyecto de construcción del mamotreto anejo al estadio, la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la instancia que supervisa la aplicación del Convenio en los Estados miembros del Consejo de Europa, así como a todas aquellas instituciones que deben certificar la capacidad y seguridad del estadio. Entendemos que al reducirse sensiblemente el perímetro de espacios libres en el entorno del  estadio se compromete la seguridad de los asistentes y debe reducirse, en consecuencia, su aforo, ya que éste, segun las recomendaciones del citado Convenio, debe ser el resultado de la ecuación: capacidad física de la infraestructura/condiciones de seguridad del entorno.