Sacyr fue una de las grandes
constructoras que se aventuró a crear un
área de negocio centrado en los
servicios sociales. De hecho,
fue adjudicataria de uno de los cuatro lotes en los que el Ayuntamiento de Sevilla ofertó la prestación de
la ayuda a domicilio en la ciudad. Sin embargo, la necesidad de hacer caja llevó a la compañía a
desprenderse de su filial Sacyrs Social, no sin antes
acumular severas críticas de los usuarios, un camino que
también escoge ahora ACS y en medio de una crisis del servicio que ha llevado al
Consistorio a plantearse la
posibilidad de municipalizar la ayuda a domicilio.
A principios de 2023 se fueron adjudicando los
cuatro lotes en los que el Ayuntamiento de Sevilla dividió la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad y
Sacyr Social fue la adjudicataria de uno de ellos, en concreto el de la
zona Este de la ciudad. Desde el primer momento, la entrada de la constructora recibió
fuertes críticas, tanto en el
ámbito laboral como en el de la propia
prestación de servicios.
En el blog de Manuel J. Florencio, en un
artículo en el que se informaba de la adjudicación, se pueden comprobar las
críticas que hasta hace dos días han dejado los trabajadores y los usuarios. Incumplimientos en la
subrogación de la anterior plantilla;
ausencia de contacto con los familiares de los dependientes;
imposibilidad de gestionar las incidencias;
cambios de horarios y auxiliares sin información previa;
falta de profesionalidad de algunos trabajadores;
coordinadores que no atienden; faltas de respeto;
costes añadidos ante un servicio deficiente…
En
julio de 2023 se concretó
la venta de la filial de servicios Sacyr Social a Serveo, una sociedad controlada por la gestora de fondos española
Portobello, por 87 millones de euros y la compañía heredó
un servicio a todas luces deficiente y al que se le ha acumulado
una crítica generalizada a la propia externalización del servicio de ayuda a domicilio, con
condiciones laborales pésimas para las plantillas y además diferentes en cada una de las adjudicatarias, a lo que hay que sumar el propio
cambio en la titularidad del prestatario del servicio.
Sacyr fue pionera a la hora de abandonar los servicios sociales que tanto quebradero de cabeza dan y, ante la necesidad de hacer caja, vender pasivos y mejorar ratios de solvencia,
se ha unido ahora la constructora ACS, que pretende
desprenderse de su filial Clece, adjudicataria de otro de los lotes, y que según medios especializados podría reportar entre 700 y 800 millones a la empresa de Florentino Pérez. Lo curioso es que suena entre los posibles compradores el fondo Portobello, propietario a su vez de Serveo. Las
otras dos concesionarias son
DomusVI, con una amplia cartera de residencia de ancianos, y
Macrosad, la cooperativa de servicios asistenciales.
La
crisis que está sufriendo el servicio de
ayuda a domicilio en la ciudad, cuyas trabajadoras han protagonizado una
larga acampada ante las puertas del Consistorio en la Plaza Nueva, han llevado incluso al
alcalde de Sevilla José Luis Sanz, a reunirse con los representantes sindicales y con ellas mismas, con las que
se ha comprometido a promover un grupo de trabajo con todos los servicios municipales competentes para
elaborar un informe y analizar la posible viabilidad de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio; prometiendo además “
reforzar los mecanismos de control para que las empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio cumplan las condiciones establecidas en los contratos”, que están en vigor hasta el año 2027.
Tanto los
sindicatos como la
plantilla de las diferentes empresas, mayoritariamente mujeres, llevan meses denunciando que las empresas
adjudicatarias de la prestación de este servicio público “
anteponen sus millonarios ingresos a las necesidades de usuarios y cuidadores”; aplicando unas
condiciones laborales “precarias”, entre otras quejas. De hecho, el martes, coincidiendo con el último Pleno ordinario, hubo otra manifestación reclamando la municipalización del servicio.
En esa protesta estuvo presente el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO de Sevilla, que considera que la
privatización de la ayuda a domicilio “
ahonda en la precariedad de las trabajadoras”, reclamando una gestión pública de un servicio que, en la actualidad, prestan empresas privadas “que consiguen
beneficios a costa de precarizar el empleo y limitar el presupuesto que llega a las personas usuarias, empeorando la calidad de la atención que se presta”.
Según el sindicato, “las empresas
no aportan infraestructura alguna porque el
servicio se lleva a cabo
en los domicilios de las personas usuarias. Se limitan a ser
intermediarias, aumentando sus ingresos a costa del dinero público y de mantener a las trabajadoras con
contratos parciales pero con disponibilidad total. Es urgente que el Ayuntamiento tome la decisión de municipalizar el servicio”.
También ha sido muy crítico el
concejal de IU Ismael Sánchez, quien ha lamentado que esa
comisión no cuente ni con
“las trabajadoras, familiares de personas usuarias, sindicatos ni la oposición”, más cuando la plantilla les ha trasladado su descontento porque
no se cuenta con “una
auditoría externa que valore de forma independiente la
viabilidad de recuperación para lo público del servicio”.
“La medida adoptada por Sanz es un
paripé que solo sirve para
ganar tiempo, y es más que probable que las conclusiones de esa Comisión
ya estén escritas y que no pasen por dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras, mejorar la atención que se presta actualmente a las personas con dependencia y ahorrar costes al Ayuntamiento”, decía el portavoz de IU.
