Ayesa, a través de su filial Atech BPO, ha comunicado a la empresa Smart Servicios Avanzados, que finaliza “de forma anticipada” el contrato que tenía con esta consultora y, al ser su único cliente, la consecuencia inmediata ha sido el despido de su plantilla, que ya había denunciado a la multinacional Ayesa por “cesión ilegal”, que, en lugar de optar por la subrogación, ha elegido rescindir la relación contractual, vulnerando ambas los derechos de los trabajadores, la mayoría de ellas mujeres.

Es la denuncia pública que realiza el sindicato ASC, que lleva meses denunciando cómo Smart y Ayesa han utilizado el pago de los salarios, con retrasos injustificados, para presionar a la plantilla para que acepten renunciar a su antigüedad en la subcontrata y pasar a formar parte de la multinacional pero sin sus derechos adquiridos, especialmente cuando esos años trabajados eran los únicos que les garantizaban cobrar un salario por encima del mínimo interprofesional.

ASC exige “la inmediata subrogación de los trabajadores de Smart por Atech Bpo, respetando su antigüedad, empresa capaz de hacerlo en tanto ahora va a subrogar a en torno 200 trabajadores procedentes de otra empresa”.

Según el sindicato, el pasado lunes 22 de julio, “las trabajadoras de la empresa Smart cedidas ilegalmente a Ayesa, concretamente a la empresa del grupo, Atech BPO, empezaron a recibir cartas de despido". La comunicación venía precedida de un escrito fechasdo el 8 de julio que recibió Smart de Atech BPO “firmado por el Director General de Ayesa y apoderado del grupo, Germán del Real, donde comunica a la dirección de Smart la finalización “de forma anticipada” del Contrato Marco de prestación de servicios de consultoría firmado por Atech BPO SLU y Smart Servicios Avanzados SL”.

De “desfachatez empresarial” califica ASC las cartas de despido, puesto que “les comunican a los trabajadores y trabajadoras la indemnización que les corresponde y, a renglón seguido, les dicen explícitamente que no les van a pagar dicha indemnización”, lo que a juicio del sindicato es un incumplimiento del artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que la empresa debe “poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización” que le corresponde, lo que implicaría de forma inmediata la improcedencia del despido, según explican desde ASC.

La razón por la que no se les abonará la indemnización, según el sindicato, es que Ayesa no les ha abonado el contrato aunque, en la documentación de Ayesa refleja que esta compañía “está al corriente de pago”, aclaran. Además, la finalización de la relación contractual entre Ayesa y Smart ha provocado que toda la plantilla sea despedida, por lo que no podrían ser despidos de forma individualizada sino a través de un expediente de regulación de empleo, relatan desde ASC, que recuerda que, en ese caso, nunca se podría superar el 10% de la plantilla.

Alevosía y mala fe empresarial

El sindicato además es muy crítico con la “alevosía” y la “mala fe” que han demostrado. “Ayesa organiza esta agresión contra los trabajadores y las trabajadoras de Smart, plenamente consciente de la existencia en los juzgados de casi una decena de denuncias por cesión ilegal, para que los despidos se produzcan en la última semana de julio, procurando que los trabajadores estén lo más desprotegidos a la hora de tomar medidas judiciales contra las dos empresas, al igual que impedir las acciones sindicales contrarias a esta tropelía y de rechazo al estar el grueso de trabajadores de Ayesa de vacaciones. Y es que, en derecho laboral, el mes de agosto es hábil, y esto lo utilizan las empresas para cometer todo tipo de tropelías en ese mes contra los trabajadores y, como podemos comprobar, Ayesa es una de las empresas que actúa así”, aseguran tajantemente.

ASC recuerda que Smart Servicios Avanzados “es una creación, allá por 2004, de la antigua Sadiel -hoy Ayesa Advanced Technologies SA-, por la que se subcontrataban, fundamentalmente a trabajadoras, que eran cedidas ilegalmente a Sadiel donde realizaban íntegramente su trabajo, algo que ha sido reconocido incluso por sentencias firmes de trabajadoras que denunciaron anteriormente esta práctica ilegal”.

Desde hace en torno a dos años, “Ayesa pretendía resolver esta situación de ilegalidad, haciendo pasar a Ayesa a trabajadoras y trabajadores cedidos ilegalmente por Smart, con antigüedades comprendidas entre los 13 y los 20 años, siempre que estos trabajadores renunciaran a su antigüedad”. Ante la negativa de los trabajadores, “el tándem Smart-Ayesa dio un nuevo giro de tuerca hace un año, utilizando el pago de los salarios como elemento de presión y coacción a los trabajadores, pagándoles tarde y mal”.

El sindicato denuncia la forma de proceder de Ayesa y sus “empresas satélites creadas para precarizar las condiciones de los trabajadores -creando trabajadores de “primera” (empresa matriz), de segunda (subcontratados y ETT) y de tercera (becarios), en virtud de los salarios y de las condiciones laborales- para impedir “el contagio sindical” en Ayesa, para dividir a los trabajadores y, fundamentalmente, para que los empresarios amasen cada día más riqueza a costa del empobrecimiento de los trabajadores”.

Y añade a la denuncia un detalle en la vulneración de los derechos de los trabajadores. “Smart y Ayesa tienen acuerdos para el pago del 50% de las indemnizaciones por condena judicial por cesión ilegal al objeto de “suavizar los costes en ambas empresas”, conscientes del atentado que perpetran contra los derechos de los trabajadores”, aseguran, criticando abiertamente que, en contraste, Ayesa obtenga “obscenos dividendos” que son comunicados “a bombo y plantillo por una parte de la prensa”.