Una nueva
rescisión de contrato a una subcontrata de la multinacional de ingeniería y consultoría
Ayesa ha provocado el
cierre de la empresa aunque en esta ocasión,
a los trabajadores no les han comunicado nada, ni el fin de la actividad ni sus despidos, por lo que se encuentran en un
“limbo legal”, según ha denunciado
UGT, que va a poner el caso en conocimiento de la
Inspección de Trabajo ante la situación de indefensión en la que se han quedado una
treintena de empleados.
En esta ocasión, siguiendo el mismo procedimiento que ya ocurriera con
Smart Servicios Avanzados SL que denunció ASC, ha sido la empresa
Fuentiérrez la recibió la
comunicación por parte de la filial de
Ayesa Atech BPO de que rescindía el
contrato mercantil, por lo que la empresa “
ha cerrado sus oficinas sin realizar ninguna comunicación a los trabajadores y las trabajadores”, denuncia UGT, apuntando que han dejado “a las personas que tenía
subcontratadas en Atech BPO en un limbo”.
Miguel Marín, delegado sindical de UGT en Ayesa, ha explicado a Viva que “al no haber recibido una comunicación de despido de ningún tipo, estas personas
se ven obligadas a seguir yendo a trabajar, porque de lo contrario la empresa podría con posterioridad remitirles una comunicación de
despido disciplinario por ausencia injustificada”.
Ante este “
limbo” laboral en el que se encuentran, el sindicato pondrá en conocimiento de la
Inspección de Trabajo la situación de ilegalidad en la que se encuentran y
advierte Marín de que “se da la circunstancia de que
Ayesa les está retirando los portátiles y material de trabajo que tenían cedidos, y seguramente, a partir de algún momento,
les impedirá el acceso a sus oficinas”.
Tanto los
subcontratados por parte de esta compañía,
Fuentiérrez, como los que han sido despedidos por parte de
Smart al finalizar el contrato de prestación de servicios de consultoría para Ayesa Atech BPO, realizaban su trabajo en la
sede de la filial de Ayesa en el parque empresarial Vega del Rey, en Camas, según Marín.
Además, UGT ha denunciado el
entramado de empresas que rodean al accionista mayoritario de Fuentiérrez,
Fernando Gutiérrez Huerta, aunque fuentes del Grupo Clever, a los que señalaba el sindicato inicialmente, han puntualizado que
hace más seis meses que se vendieron las acciones y, en estos momentos,
no hay ningún tipo de relación con el administrador único de la subcontrata.
La propia Ayesa define en su web a
Atech BPO en el apartado de
“procesos de negocio externalizado”, donde apuntan que su “especialización son los proyectos en los que además de
aportar el equipo humano, lo complementamos con
herramientas BPM y RPA para ofrecer una mejor calidad de servicio y precios más competitivos”.
“Somos el
back office de procesos como la facturación y el cobro, gestión de reclamaciones o contratación de servicios, pero también el
front office en relación directa con el cliente tanto en la emisión por diferentes canales, como en la atención a los mismos para campañas de venta, atención y soporte de primer nivel en varios sectores y disciplinas”, aseguran.
Parte de estos servicios se llevan a cabo
a través de subcontratas, como es el caso de Smart o de Fuentiérrez, este último caso con un nivel de precariedad que
les deja sin empresa pero también sin despido. “Así actúan
Ayesa y las empresas satélites creadas para
precarizar las condiciones de los trabajadores -creando trabajadores de “
primera” (empresa matriz), de
segunda (subcontratados y ETT) y de
tercera (becarios), en virtud de los salarios y de las condiciones laborales- para impedir “el contagio sindical” en Ayesa, para dividir a los trabajadores y, fundamentalmente, para que los empresarios amasen cada día más
riqueza a costa del empobrecimiento de los trabajadores”, denunciaba el sindicato ASC.