La Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada a la empresa Minera Los Frailes (MLF), participada por Grupo México, para la reapertura de explotación minera de la denominada "Zona de Aznalcóllar", en la provincia de Sevilla, ha sido suspendida por imperativo legal, según Ecologistas en Acción.
La organización conservacionista ha explicado, a través de un comunicado, que el pasado 12 de agosto de 2024 registró recurso de alzada ante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, contra dicha AAU.
En él, Ecologistas en Acción argumentó las graves irregularidades legales en las que había incurrido la autoridad ambiental al otorgar esa autorización que "constituyen motivos de nulidad de pleno derecho de la misma", y en consecuencia, con objeto de evitar que se ejecutara esa autorización ilegal, se solicitó la suspensión de su ejecución.
Pasado un mes desde esa solicitud de suspensión, la Consejería competente no ha dado ninguna respuesta y, por tanto, el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que se produce la suspensión automática de la autorización, por imperativo legal.
La suspensión de la AAU incluye la suspensión de la autorización del vertido tóxico al Estuario del Guadalquivir que fue informada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que ahora dirige Ramón Fernández-Pacheco desde el 29 de julio.
Los motivos de impugnación incluidos en el recurso de alzada de Ecologistas en Acción son: incumplimiento de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la AAU, incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados, modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, sin información pública, desde 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años.
También se ha incumplido la obligación de realizar una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental de ese vertido tóxico, a lo largo de todo el espacio protegido de Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir; y no se han evaluado los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena, que igualmente verterá sus aguas residuales industriales, igualmente tóxicas, al Estuario del Guadalquivir.
Además, se ha omitido en la AAU el obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la ley y la evaluación del impacto ambiental que la reapertura de la mina de Aznalcóllar va a producir en las aguas subterráneas del acuífero de Gerena.
En definitiva, Ecologistas en Acción considera que la suspensión obtenida resulta el paso previo imprescindible para que se reconsidere y revise la AAU otorgada.
De hecho, la propia Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha señalado que actualmente está "ultimando la resolución, siempre de acuerdo con los preceptos legales y la máxima seguridad jurídica", reconociendo que "de conformidad con la normativa vigente, al haber transcurrido un mes desde la recepción de dicho recurso de alzada, la autorización ambiental queda en suspensión automática, tal como se estipula en el marco legal".
"Esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva de la autorización ambiental unificada. Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la Consejería", señala la Consejería, asegurando que "este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a nuestra autorización".
