El secretario general del Partido Popular de Sevilla, José Ricardo García, ha aplaudido la decisión de la Diputación provincial, presidida por el socialista Javier Fernández, de destituir como personal contratado en la institución a los exalcaldes socialistas de Valencina de la Concepción, Antonio Manuel Suárez, y de Villanueva del Ariscal, José Castro Jaime, quienes cuentan con condenas por prevaricación.
José Ricardo García ha señalado que esta destitución se ha producido tras la denuncia pública del PP, lamentando que ambos exalcaldes condenados e inhabilitados permanecieran contratados hasta que se generó una presión mediática. "Nos alegra que la Diputación haya accedido a nuestra petición, aunque haya sido tras 48 horas y para salir del atolladero político y desviar el foco mediático causado tras conocerse que los dos socialistas condenados permanecían contratados por el ente supramunicipal", ha declarado García.
El dirigente popular ha criticado que tanto Suárez como Castro Jaime estuvieran, según sus palabras, "cobijados por el señor Fernández", y ha reclamado que la Diputación de Sevilla "no sea utilizada como un instrumento del PSOE, ni tenga activada una puerta giratoria para socialistas cuyo expediente está marcado por la ilegalidad".
Además, José Ricardo García ha reiterado su petición de cerrar el Consorcio Provincial de Aguas, al que ha calificado como "un chiringuito utilizado por el PSOE para mantener sueldos a históricos miembros del partido". En concreto, ha señalado al gerente del organismo, el exconcejal socialista de Sevilla, Blas Ballesteros, como ejemplo de este uso indebido de recursos públicos.
Según García, más del 91 por ciento del presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas, que asciende a 543.000 euros, se destina a sueldos del gerente y cinco empleados, mientras que únicamente 3.900 euros son destinados a inversiones. Ha afirmado que este elevado coste es injustificado, considerando las "nulas prestaciones que reciben los sevillanos" por la existencia de dicho organismo, cuya función, asegura, no tiene competencias prácticas.
En este sentido, el dirigente popular ha señalado que "el Consorcio Provincial de Aguas es una agencia de colocación socialista", y ha cuestionado la necesidad de su existencia, a la vez que ha instado al PSOE a gestionar las instituciones públicas de manera transparente y en beneficio de los ciudadanos.
Por su parte, la Diputación de Sevilla ha defendido la labor del Consorcio Provincial de Aguas, argumentando que sus competencias se centran en la planificación, asesoría y coordinación, y no en la ejecución de inversiones directas. Sin embargo, el PP insiste en que el organismo representa un ejemplo de mala gestión y utilización partidista de recursos públicos.
José Ricardo García ha concluido subrayando la importancia de que las instituciones públicas trabajen en favor de los intereses de los ciudadanos y ha exigido mayor responsabilidad en la gestión de los recursos por parte del PSOE en la Diputación de Sevilla.
