Declaran 9 testigos por el cobro de tasas ilegales en la Policía Local

Nueve policías locales de Sevilla declaran mañana como testigos en la causa abierta contra diez compañeros del cuerpo, imputados por el cobro de tasas ilegales por el corte de calles y escolta a vehículos de gran tonelaje.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez de instrucción 8 tomará declaración mañana a estos nueve agentes, que serán seguidos el día 29 por otros ocho policías y un civil, igualmente citados como testigos.

Los diez imputados declararon en febrero pasado y aseguraron que no hacían trabajos fuera de servicio sino "favores" a un compañero fallecido, presunto cabecilla de la red de cobro ilegal de tasas municipales.

Los agentes negaron entonces cobrar por dichas actividades, aunque en ocasiones alguno de ellos recibió dinero para gasolina.

Según los imputados, en ocasiones participaron en la colocación de vallas para cortar el tráfico porque se lo pedía su compañero ya fallecido, a quien veían muy enfermo debido al cáncer que padecía y que lo mantenía de baja la mayor parte del año.

Nunca intervinieron en esas actividades de uniforme, con chaleco identificativo ni haciendo valer su condición de policías, y a una pregunta concreta de la juez aclararon que no creían estar incurriendo en una incompatibilidad puesto que lo hacían como un favor a su compañero y fuera de sus horas de trabajo.

"Es como si en mis horas libres me dedico a pintar mi casa", manifestó entonces uno de los agentes a los periodistas.

Aseguraron que el presunto cabecilla llamaba para que le ayudasen a los compañeros de su entorno -que pertenecían a la unidad motorizada- y utilizaba para ello el listín de teléfonos existente en la Jefatura de Policía.

En total, son diez los policías y dos los civiles imputados por esta presunta red de cobro ilegal de tasas por corte de calles, servicio de grúa y escolta de vehículos de gran tonelaje.

También declaró como imputado M.M.G.R., mando policial que negó su implicación en la trama e incluso aseguró que elaboró un protocolo para la actuación en este tipo de transportes.

Además, la juez tomó declaración como testigos en febrero a tres empleados de una empresa de transporte que contrató los servicios de los imputados.