El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, anunció hace unos días que se dirigiría al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para “ir juntos y de la mano” en defensa del dragado del Guadalquivir, proyecto que en su opinión es de los que más oportunidades económicas y de empleo puede generar en la ciudad. Zoido exige a Griñán que el dragado quede al margen de las peleas partidistas y políticas; que no ceda a “las presiones de IU” (que ha mostrado sus recelos) y que llegue con él a un acuerdo en este tema “por el bien de los andaluces”.
De las declaraciones y actuaciones del alcalde se ve claramente que trata de ser considerado como el abanderado del dragado del río ante la opinión pública, cuando el Ayuntamiento carece de cualquier competencia al respecto. Es necesario, pues, retrotraerse a los orígenes para tratar de comprender el estado de la cuestión.
Para empezar, hay dos tipos de dragado. Uno, el llamado “de mantenimiento”, que se realiza de forma más o menos periódica para, como su nombre indica, conservar las actuales condiciones de navegabilidad del río y que no ha sido cuestionado hasta ahora, si bien ya se pide que se realice bajo supervisión de los científicos para calibrar sus efectos, los cuales nadie se ha preocupado hasta ahora de medir. El segundo, objeto de la controversia, es el denominado “de profundización”. Su objetivo consiste en incrementar el calado del canal de navegación para los barcos que remontan el río hasta Sevilla en 1,5 metros, con lo cual se pasaría de los 6,5 metros actuales a 8. Asimismo, se incrementaría la anchura del canal en 30 metros y se pasaría de los 60 metros actuales a 90.
La Unesco, vigilante
Se da la circunstancia de que el proyecto está promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla, dependiente de la Junta de Andalucía, aunque debe ser autorizado en último extremo por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la nación y está tutelado por los organismos internacionales a los que, por sus títulos y reconocimientos mundiales, se halla vinculado el Parque Nacional de Doñana. El equilibrio de este espacio natural podría verse alterado por el dragado del río, en cuya desembocadura se encuentra. Y es que Doñana lo tiene todo. Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, diploma del Consejo de Europa, espacio del convenio Ramsar sobre zonas húmedas....
Por de pronto, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, alarmado por las presiones en pro de un dragado que podría tener graves consecuencias para este paraíso andaluz, ha decidido analizar la situación de Doñana en su reunión en Camboya dentro de quince días, con lo que se corre un riesgo similar al ya sufrido por Sevilla con motivo de la construcción de la torre Pelli: incluirlo en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y, llegado al extremo, retirarle su condición de Patrimonio de la Humanidad, lo que supondría un golpe al prestigio de la ‘marca España’.
La Autoridad Portuaria, que carece de una visión global del río y sólo lo mira como una mera autopista fluvial por la que cuantos más barcos y más grandes circulen mejor, estima que el dragado multiplicaría el tráfico de mercancías del puerto si entran buques con mayor capacidad de carga. Por eso promueve desde hace un decenio el proyecto, para el cual solicitó una subvención de 25 millones de euros en fondos europeos con cargo al programa operativo 2007-2013. Urge a acometerlo cuanto antes alarmando con la tesis de que se perdería ese dinero, si bien Bruselas ya ha aclarado que los fondos estarán disponibles hasta 2015 y que si el Gobierno de España lo solicita y lo justifica, pueden prorrogarse más allá de ese plazo.
La Autoridad Portuaria se escuda además en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que data del año 2003 pero -y he aquí otro motivo de controversia- que la Administración central habría condicionado entonces o después a los resultados de un posterior estudio científico, en previsión de sus posibles efectos negativos sobre Doñana y porque, aunque no parezca lógico, no existían apenas investigaciones sobre la dinámica del Guadalquivir y, sobre todo, del estado real de su estuario.
El dictamen del CSIC
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas llegó a unas conclusiones alarmantes en su estudio, realizado en 2010: el río está prácticamente agonizante en su tramo inferior y ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y el 60% de los aportes de agua dulce debido a la gran cantidad de pantanos (48, 40 de ellos de más de 30 Hm3) construidos a lo largo de su cauce para regadíos (850.000 Has. en su cuenca, que consumen el 87% del agua embalsada).
Como el río transporta cada vez menos agua dulce (63 m3/segundo de media, cuando lo ideal serían al menos 1.000 m3/s) y ha perdido cada vez más llanuras mareales y marismas, las mareas van incrementando la salinidad -el mayor enemigo del arroz- y la turbidez, y se desemboca en un círculo vicioso: se colmata el cauce y hay que dragar más para mantener el actual canal de navegación. Si se ejecutara el dragado de profundización, no sólo entraría más agua salada en el cauce poniendo así en peligro las 35.000 Has. de arrozales, que generan 432.000 peonadas anuales y una facturación bruta superior a los 145 millones de euros, sino que también la mayor fuerza de las mareas -unidas al oleaje causado por el tránsito de barcos mucho más grandes- erosionarían aún más las márgenes a lo largo de 80 kilómetros de cauce. Se ha estimado que sólo el coste de estabilizarlas y defenderlas mediante escolleras triplicaría el del propio dragado.
El CSIC aconsejó en su dictamen que se creara una Autoridad Única que, con visión multidisciplinaria, gestionara el río, sometido ahora a unos reinos de taifas de organismos desconectados cuando no enfrentados entre sí, y recuperar ecológicamente el estuario antes de acometer un dragado en profundidad que, en todo caso, debería someterse a una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).
Oídos sordos
La Autoridad Portuaria, sin embargo, pretende ignorar el dictamen científico y, en una huida hacia adelante, anunció en abril que, amparándose en la DIA de hace un decenio, licitará la obra.
Zoido, a pesar de que este asunto tan controvertido y complejo y sometido a vigilancia internacional escapa por completo a sus competencias, se ha erigido deliberadamente en el paladín del dragado, confiando como confiaba en que contaría con el beneplácito de su correligionario al frente del Ministerio de Medio Ambiente y conocido por sus tesis desarrollistas, Miguel Arias Cañete, para aparecer así ante Sevilla como el gran desbloqueador del proyecto y rentabilizarlo políticamente a falta de concreción aún de ninguna de sus grandes promesas electorales.
Por ello, en los últimos meses ha convertido el dragado en el ‘leit motiv’ de su mandato, se ha alineado públicamente con el ‘lobby’ de los constructores y los consignatarios de buques, que serían sus grandes beneficiarios, y ordenó a uno de sus lugartenientes, Javier Landa, que organizara encuentros reservados y sin difusión pública, pese a sus promesas de “luces y taquígrafos”, con los agricultores y arroceros, opuestos al dragado, a fin de sumarlos a la causa y de cara a una ‘cumbre’ que gestionó en Madrid con el ministro Arias Cañete. A este encuentro en la sede del Ministerio de Medio Ambiente no invitó ni a los científicos, ni a los ecologistas, ni al Consejo de Doñana ni a la Junta de Andalucía.
Sin respaldo
El alcalde no debió salir muy contento de la reunión, conforme a los resultados de la misma, expuestos por la Federación de Regantes en su último Boletín: “Hay que subrayar -afirma Feragua- que el Ministerio no se pronunció en ningún sentido sobre la viabilidad del dragado y dejó muy claro que hay que esperar a los resultados del dictamen acerca de la vigencia de la declaración de impacto ambiental, que podrían determinar la necesidad de realizar una nueva declaración. Asimismo, hizo ver a todas las partes interesadas que la posibilidad de perder fondos europeos no puede servir en ningún caso de excusa o cortapisa para ignorar las necesarias medidas de protección de ambas márgenes como parte indisociable del proyecto”.
Al regreso del encuentro en Madrid, sólo tras ver que Arias Cañete no está dispuesto a poner en peligro Doñana, los arrozales y el Guadalquivir por un dragado bajo vigilancia internacional y que probablemente precise de una nueva DIA, Zoido ha pedido públicamente un pacto a Griñán, cuando unos días antes había ignorado por completo a la Junta de Andalucía al organizar la reunión con el ministro y despreciado por “no vinculante” el voto en contra del Consejo de Doñana.
La respuesta de la Junta ha sido la de recordarle al alcalde que “no es cuestión de pactos, sino de cumplir la ley, y de que cada organismo asuma su responsabilidad”. Mientras la Autoridad Portuaria de Sevilla se mantiene en un segundo plano pese a ser la promotora de la iniciativa y la desencadenante de toda la polémica, Zoido se está quemando políticamente en su apuesta por el dragado, al haberse metido él solo en ese jardín ajeno a sus competencias por su afán de aparecer poco menos que como el salvador de Sevilla.
