La Autoridad Portuaria de Sevilla ha remitido esta semana al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a Puertos del Estado el proyecto de dragado de profundización del río Guadalquivir, después de que el Consejo de Administración tomara conocimiento del mismo el pasado mes de abril con vistas a su futura licitación.
Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente del Puerto sevillano, Manuel Fernández, que ha subrayado que, aunque la remisión a estas instituciones supone culminar el "hecho formal" de comunicación, "los contactos son habituales y hemos estado trabajando durante todo este tiempo con técnicos de Puertos del Estado y Medio Ambiente".
La idea inicial era la de que el proyecto pudiera ser licitado tras el verano, con el fin de que éste pueda encajar en el plazo temporal que regula el marco normativo financiero de los fondos europeos. Y es que aunque las previsiones contemplaban llevar el proyecto al Consejo de Administración para el primer trimestre de 2013, la moratoria establecida para la batimetría del cauce fluvial --estudio de las profundidades, en este caso para averiguar los niveles de acumulación de lodo del fondo del Guadalquivir-- imposibilitó que la iniciativa pudiera llegar a tiempo a la sesión del consejo de febrero.
La actuación del dragado de profundización completaría el proyecto de mejora de los accesos marítimos al puerto de Sevilla, "dando viabilidad y sentido económico y social completo a la misma, una vez realizada la nueva esclusa, y abre nuevas posibilidades a los sectores empresariales (empresas industriales y logísticas) radicadas en el área de influencia del puerto y al mercado laboral dependiente de las mismas, reforzando la actividad actual en Sevilla de los centros de producción y la apertura de nuevos mercados", según la Autoridad Portuaria.
Para el Puerto, el proyecto, "evaluado medioambientalmente de forma positiva", cuenta con un "amplio" respaldo tanto de las organizaciones empresariales como sindicales más representativas para su completa ejecución, así como de numerosas organizaciones ciudadanas.
No obstante, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, apuntó recientemente a las "dudas" sobre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2003 del dragado, por lo que ésta fue enviada a los servicios jurídicos para su estudio. Esta semana, en el Senado, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, recordó que la iniciativa debe seguir las condiciones impuestas por esta declaración, a lo que Ramos ha añadido este jueves que, asimismo, debe tener un informe favorable del comité científico y ser apoyado por la Junta de Andalucía, "que tiene competencias en la materia".
