La oferta que presentó la empresa Construcciones Juan de Robles, empresa de la familia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue la peor de las presentadas al concurso para adjudcarse los suelos de Mercasevilla, proceso en elque la jueza Mercedes Alaya ha imputado a seis representantes de cinco empresas que optaron al concurso al considerar que "maquinaron" entre ellas para alterar el precio de las cosas y que al final resultara adjudicataria Sanma.
Según fuentes del caso, la empresa de los hermanos de la ministra Báñez, representados ante la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, fue la que menos posibilidades tenía, puesto que tenía unos fondos propios de 4,5 millones de euros par hacerse cargo de una inversión que alcanzó los 105 millones de euros.
El resto de los representantes de las empresas que declaran imputados por "maquinar" para alterar el precio de las cosas en el concurso de compraventa de suelos de Mercasevilla han intentado justificar que participaran en cualquier concierto entre ellas para que finalment fuera Sanma la que se adjudicara el concurso.
Con una hora y media de retraso sobre el horario previsto ante la nueva documentación presentada y tras negarse la titular del juzgado de instrucción 6, Mercedes Alaya, a suspender la vista, comenzaban las declaraciones de los seis imputados, todos representantes de las empresas que optaron al concurso para hacerse con los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos de los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Así, según fuente personadas en el caso, el primero en declarar, Ignacio Bayón, representante de Realia Bussiness, ha negado que participara en la redacción del proyecto que se presentó para optar a los suelos de Mercasevilla pero ha reconocido conocer a la familia Sánchez Ramade, propietaria de otra de las empresas implicadas, además de poseer una empresa común con terrenos en Sevilla Este.
Ha apuntado que considera que todo el poceso del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla "fue legal", que "no hubo irregularidad" y que no conservan ninguna documentación del concurso porque no suelen hacerlo cuando no les adjudican los concursos.
Por su parte, el consejero del Grupo Prasa, José Romero González, ha asegurado que se presentaron al concurso "sin ilusión", por si "acaso lo ganaban pero sin expectativas" de conseguirlo.
Mientras, la consejera delegada de Azucareras Larios, Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff; ha asegurado que para ellos fue "una sorpresa", que no conocían nada del concurso pero que no comparte la actuación que en su momento realizó su exconsejero delegado.
Por su parte, Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, de Edamar, ha reconocio que tenían una empresa con Sando y Realia, Desarrollos Urbanísticos Sevilla Este, tal y como recoge el informe de la Guardia Civil del que se ha derivado la petición de imputación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
