Los concejales del grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Moriña y Juan Carlos Cabrera han acompañado este miércoles a una representación de los trabajadores y usuarios del centro deportivo (CD) Fundición que han acudido al Consistorio para registrar más de 3.700 firmas contra la "privatización" del centro deportivo, perteneciente al Instituto Municipal de Deportes (IMD)
Así, en una nota, el Grupo Socialista ha anunciado que tomará "todas las medidas posibles" para frenar la "privatización" de estas instalaciones, así como contra la intención de realizar este mismo proceso en otros centros deportivos públicos como Los Mares o San Jerónimo.
"No vamos a parar hasta que consigamos paralizar esta privatización que no está justificada, que va a suponer la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales, que implicará una subida de tarifas y una reducción de las prestaciones y que supone regalar una inversión pública de 6 millones de euros a una empresa para que haga negocio", ha explicado el concejal socialista Alberto Moriña.
En este sentido, Moriña ha anunciado que se apoyarán todas las movilizaciones que realicen los usuarios y trabajadores que ya han convocado una huelga, que se presentará una moción al próximo pleno y que se tomarán "todas las medidas judiciales posibles para conseguir frenar este proceso". "Vamos a seguir sí o sí hasta lograr paralizar esta privatización", ha manifestado el concejal socialista.
Asimismo, ha expresado el respaldo del PSOE a los trabajadores y usuarios del centro deportivo y al manifiesto firmado por más de 3.700 personas en el que se reclama la paralización del proceso de "privatización de las instalaciones"; que el distrito y el Instituto Municipal de Deportes mantenga una reunión con usuarios y trabajadores; que se garanticen los puestos de trabajo, que se realice un plan plurianual de inversiones y que se conserven las actuales tarifas y condiciones del servicio.
Para el PSOE, "la privatización del centro deportivo Fundición no está justificada al ser una inversión de seis millones de euros que será cedida a una empresa para que haga un negocio de 6,7 millones de euros en 15 años a cambio de una inversión de solo 1,7 millones de euros en ese mismo periodo". Además, puede suponer una "pérdida de puestos de trabajo" y un "deterioro" de las condiciones laborales, así como un "empeoramiento" del servicio que se presta a los vecinos al estar prevista "una subida de tarifas y una reducción de las prestaciones y bonificaciones".
Por último, para el grupo socialista hay "serias dudas legales" sobre la inclusión del aparcamiento subterráneo en el contrato y sobre la transformación de las plazas de residentes en "rotatorias" cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "prohíbe expresamente abrir nuevos estacionamientos subterráneos rotatorios en el interior del casco histórico", ha concluido.
