El portavoz del PP en la Diputación y concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona, ha comparecido de nuevo este jueves como imputado ante el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, en el marco de la investigación del contrato gracias al cual el actual concejal de Medio Ambiente del Consistorio tomareño, el popular Juan Campos, trabajó para el Consistorio durante el pasado mandato, cuando aún no formaba parte de la Corporación local. tras prestar declaración, Carmona ha reiterado que esta contratación se hizo "de forma correcta".
En declaraciones a los medios de comunicación tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número ocho, Eloy Carmona ha explicado que este nuevo llamamiento responde a la necesidad de "ampliar" su comparecencia para "aclarar una serie de dudas" al juez instructor. "Todo se ha hecho de forma correcta y esto deriva de una denuncia política de los grupos minoritarios de la oposición que no tendrá mayor trascendencia", ha enfatizado Eloy Carmona insistiendo, una vez más, en que la contratación investigada contaba con "los informes jurídicos, técnicos y de los funcionarios que exigía la Ley".
"Nadie del Ayuntamiento se ha llevado un duro o ha defraudado un sólo céntimo de euro", ha defendido antes de acusar al portavoz andalucista del Consistorio hispalense, Alberto Mercado, de "contar falsedades" al sugerir que el Gobierno municipal popular de José Luis Sanz está "limpiando" de pruebas el Consistorio tomareño con la sustitución de los servidores informáticos. "El cambio de los servidores estaba licitado, públicamente, en mayo de 2013. No sé está ocultando ninguna información", se ha defendido.
Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del actual edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.
LA DENUNCIA
Las fuerzas de oposición denunciaban que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.
El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos. El Ayuntamiento, de su lado, defendía que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado.
En las últimas semanas, el juez instructor ha imputado además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares.
El Gobierno local, de su lado, está "absolutamente tranquilo y deseando que la Justicia se pronuncie", porque la resolución del procedimiento judicial probará, según el Consistorio, que "nadie cometió ninguna ilegalidad" y que todo es fruto de "una denuncia política falsa de la oposición". "No tenemos nada que temer", enfatizan las citadas fuentes, quienes defienden la legalidad del contrato y alegan que "los trabajos fueron realizados", todo ello "con todos los avales que marcan las leyes", por lo que "todo es fruto de una denuncia falsa", manifiesta el Ayuntamiento".
