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Martes 19/11/2024
 
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Sevilla

Zoido: La decisión de Díaz \"va en la dirección del imperio de la ley\"

El alcalde recuerda que el Ayuntamiento siempre ha defendido la legalidad y la igualdad en el acceso a una vivienda, \"sin excepciones y sin dar prioridad a los que den una patada en la puerta\"

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El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha valorado hoy que la decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre la Corrala Utopía "va en la dirección del imperio de la ley", que es el que "ampara el funcionamiento de las administraciones".

Zoido, que ha dejado claro que "por respeto institucional" no ha hablado del tema con la presidenta en la reunión convocada sólo para hablar de Altadis, ha asegurado que "como alcalde, ha mantenido el imperio de la ley" y la igualdad en el acceso a una vivienda pública "sin excepciones y sin dar prioridad a los que den una patada en la puerta y han ocupado un piso ilegalmente".

Para el alcalde, la decisión de la presidenta ha ido en ese sentido, "en la dirección del imperio de la ley", que es el que "ampara el funcionamiento de las administraciones".

Tanto el alcalde como la presidenta de la Junta se cruzaron sendas cartas el pasado lunes en las que el primero le explicaba los procedimientos y pasos que se habían seguido con las 22 familias que habían ocupado el bloque de la Glorieta de San Lázaro y que después se conformaron como la Corrala Utopía.

En ambas cartas, ambos dejaban claro que sus actuaciones seguían e iban a seguir la legislación vigente, extremo que, en el caso de la Junta, ha llevado a Susana Díaz a retirar temporalmente las cometencias de Vivienda a la Consejería de Fomento, algo que entrará en vigor en el momento en el que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, sólo ha apuntado que el comité de enlace PSOE-IU seguía sus negociaciones y que se remitía a las declaraciones previas realizadas por la presidenta andaluza, en la que confirmaba la firma del decreto y la posibilidad de que pudiera ser revocado si se "restablecía la legalidad"

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