Carlos C.C., el joven detenido por un presunto delito de atentado a la autoridad durante el desalojo de las familias que habitaban sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', ha aceptado una condena de un año de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, una multa de 120 euros por una falta de lesiones y una indemnización de 200 euros por este mismo concepto. Así, la causa que tramitaba en su contra un juzgado de lo Penal de Sevilla ha sido resuelta por conformidad y no ha llegado a ser celebrado el juicio previsto para este martes, según ha informado a Europa Press el abogado del joven, cuya condena queda no obstante suspendida durante dos años.
Distinto es el caso de José Luis, quien fue arrestado después de que, en el marco de las movilizaciones posteriores al desalojo, las familias y sus partidarios intentasen encerrarse en la Catedral de Sevilla, donde esta persona se habría negado a abandonar el templo como le ordenaban unos agentes de la Policía Nacional. Este hombre, según han informado a Europa Press miembros del colectivo, se enfrentaría a una petición de condena de un año y seis meses de cárcel, así como una multa de 1.500 euros, por un presunto delito de desobediencia, toda vez que en este caso no ha mediado conformidad y el juicio sí se habría celebrado.
El colectivo de la Corrala Utopía y sus simpatizantes, de hecho, ha celebrado este mismo martes una concentración de apoyo a las puertas del edificio Noga, que alberga el juzgado depositario de las actuaciones. Este juzgado, en ese sentido, ha celebrado vista oral sólo en el caso de José Luis.
GRAN DESPLIEGUE POLICIAL
El desalojo, consumado a través de un numeroso y amplio despliegue policial, concluyó con la expulsión del colectivo de familias que habitaba estas viviendas pese a carecer de título alguno, el arresto de Carlos C.C. durante la propia operación de desalojo y la detención de un segundo varón, José Luis, durante el intento protagonizado por este colectivo para organizar un encierro en el interior de la Catedral de Sevilla.
Estas personas, como es sabido, acamparon posteriormente en la Plaza Nueva en demanda de soluciones a su situación, tras lo cual la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU-CA, entregó viviendas públicas a nueve de estas personas, a modo de realojo provisional, y anunció el mismo extremo para otras ocho personas. Estos últimos realojos provisionales, no obstante, han quedado paralizados a cuenta del conflicto desencadenado en el seno del Gobierno de coalición que une a PSOE e IU-CA en la Junta de Andalucía dada la polémica suscitada por la entrega directa de las citadas viviendas protegidas a nueve de los miembros de este colectivo.
El destino de este colectivo de personas, en ese sentido, está sujeto a una nueva evaluación de su situación socioeconómica, extremo que corresponde a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP). No obstante, también este aspecto es motivo de conflicto entre la Administración autonómica y el Consistorio hispalense.
