La presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, ha abogado por "volver a explicar" a todos los agentes sociales, políticos y económicos el dragado de profundización que la institución que preside planea para el tramo navegable del Guadalquivir. Castreño admite que el proyecto "tiene muchos sectores en contra", porque a su juicio "el movimiento mediático ha dado lugar a una confusión extraordinaria", pero confía en alcanzar "un acuerdo".
Carmen Castreño ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo promovido por la Fundación Antares Foro en el Club Antares, donde ha defendido el papel del Puerto de Sevilla como pieza clave en "el desarrollo económico" de la capital andaluza y su entorno. En ese sentido, ha asegurado que, de manera directa, indirecta e inducida, el Puerto de Sevilla está relacionado con unos 12.000 puestos de trabajo y, junto con el parque científico y tecnológico de la isla de la Cartuja y el polo aeronáutico, constituye "el terreno de mayor valor añadido de Sevilla".
Durante su intervención, como era de esperar, ha cobrado especial importancia el proyecto de dragado de profundización impulsado por el Puerto para que el tramo navegable del río Guadalquivir permita el tránsito de naves de mayor calado, una iniciativa con más de una década a sus espaldas y que encuentra una firme oposición en el sector agrícola de la comarca del Bajo Guadalquivir, que teme que un incremento de la salinidad del río acabe afectando a los cultivos de toda esta zona donde el sector primario juega un papel fundamental.
LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Castreño, en ese sentido, ha señalado la declaración de impacto ambiental que, desde 2003, regula los dragados de mantenimiento y conservación acometidos anualmente por la Autoridad Portuaria sobre el cauce vivo del río Guadalquivir, toda vez que el dragado de profundización requiere además el beneplácito expreso de las administraciones autonómica y central.
Cabe recordar al respecto que en la anterior legislatura, la propuesta elevada a la Administración central por la Autoridad Portuaria para el dragado de profundización fue desechada al entender el Estado como parte "inherente" a la declaración ambiental de 2003, el dictamen de la comisión científica para el estudio de las afecciones del dragado del Guadalquivir, que consideraba que el dragado de profundización es incompatible con la conservación del estuario del río. Tal extremo, así, supuso el fin de aquel proyecto en concreto.
Actualmente, la Autoridad Portuaria promueve un nuevo proyecto técnico para el dragado de profundización, al objeto de licitarlo si finalmente obtiene los parabienes de las administraciones, si bien el Consejo de Participación de Doñana y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se han pronunciado contra el aspecto de este proyecto relativo a la protección de las márgenes del río, extremo que motiva una reconfiguración de este documento concreto.
EL RUIDO "MEDIÁTICO"
Carmen Castreño, ante este escenario, ha explicado que se ha "puesto a disposición de la consejera" de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, para ajustar el proyecto de protección de márgenes y, sobre todo, ha defendido el dragado de profundización. "Mediáticamente, la obra tiene una proyección muy negativa. El movimiento mediático ha dado lugar a una confusión extraordinaria y, por eso, hay que volver a explicar todo esto y buscar la complicidad de todos los sectores", ha dicho en cuanto al asunto, que cuenta con el máximo respaldo de los sindicatos y la patronal, pero la firme oposición de los arroceros de la comarca del Bajo Guadalquivir y de las organizaciones ecologistas.
Castreño ha explicado, así, que ha emprendido una nueva ronda de contactos a través de la cual ha celebrado ya reuniones con algunos de los alcaldes de la comarca del Bajo Guadalquivir, pero al tiempo avisa de que el dragado de profundización goza de una financiación europea de 33 millones de euros que sólo puede ser aprovechada si "la obra está hecha, certificada y pagada" antes del 31 de diciembre de 2015, si bien ella misma ha admitido que el Estado podría conceder una moratoria de un año.
"Creo que podremos alcanzar un acuerdo", ha enfatizado defendiendo que "todos los estudios concluyen que el dragado no tiene influencia significativa en la salinidad o la turbidez" del río Guadalquivir. "Se trata de profundizar 1,5 metros sólo en una quinta parte de la anchura del río", insiste la presidenta de la Autoridad Portuaria.
