La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, que ya formaba parte del equipo de Manuel Fernández, su antecesor en el cargo, ha iniciado una serie de comparecencias públicas para alertar de que se acaba el plazo para poder ejecutar el dragado de profundización del río Guadalquivir con financiación europea, salvo que el Gobierno de España consiga una prórroga de Bruselas.
En una reciente conferencia en Antares, la presidenta recordó que la obra del dragado debe estar finalizada y certificada el 31 de diciembre de 2015 para poder cobrar la subvención de 33 millones de euros otorgada por la UE, aunque cabe la posibilidad de obtener la ampliación del plazo en un año a través del Ministerio de Hacienda, hasta el 31 de diciembre de 2016.
Carmen Castreño afirmó que “tirar 33 millones por la borda” le cuesta, aunque quizás no se expresó en los términos correctos, ya que sólo se tira el dinero mal gastado, no el que no se gasta. La nueva presidenta, aunque pretende ser más aperturista y menos intransigente que su predecesor, al final incurre en los mismos tics que aquél al tratar de presionar con la idea de la pérdida del dinero europeo.
Fondos europeos
La Unión Europea tiene casi 20 años de existencia en su formato actual y medio siglo desde la creación de las Comunidades Europeas, y si no se aprovechan esos 33 millones de euros en el marco de los actuales fondos europeos, en el futuro seguirá habiendo programas a los que poder acogerse, siempre que el dragado obtenga el necesario consenso y todas las garantías científicas y ecológicas, de los que ahora carece. Dicho de otro modo, es preferible renunciar o que ese dinero decaiga y quede una especie de derecho moral a reclamarlo en el futuro a emplearlo en un proyecto con consecuencias que podrían ser irreversibles y más perjudiciales que el teórico beneficio que se podría conseguir para el puerto de Sevilla.
El puerto y Sevilla son sólo dos elementos más de todos los que tienen intereses en el río, no sus propietarios exclusivos, y por lo tanto hay que manejar el Guadalquivir con una visión integral que tenga en cuenta todo y a todos (resto de municipios ribereños, arroceros, pescadores, Doñana…) y el balance global de beneficios/perjuicios potenciales sin matar la gallina de los huevos de oro, que es el propio río.
Para empezar, como reconoce la propia presidenta, el dragado de profundización cuesta mucho más que esos 33 millones de euros, en concreto 40 millones, más 20 para proteger las márgenes del estuario del Guadalquivir de la erosión después de que el miniplan presentado al efecto por la Autoridad Portuaria fuera rechazado por el Consejo de Doñana por su insuficiencia y carencias técnicas.
¿Desinformación?
Según Carmen Castreño, el problema del dragado no es científico o ambiental, sino de comunicación, debido a la confusión creada por la, a su juicio, desinformación existente. La presidenta asegura que “todos los informes”, técnicos y científicos, incluido el de los arroceros, llegan a la conclusión de que los cambios de salinidad, turbidez y mareas que se producirían por el aumento de caudal del río con el dragado no serían significativos. Asimismo, afirma que la erosión de las orillas no la produce el aumento del oleaje por la navegación, sino la crecida del río por la lluvia cuando el caudal alcanza los 4.000 m3 por segundo.
La presidenta parece que no se ha leído el dictamen que sobre el estado del río elaboró hace cuatro años un comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de universidades andaluzas, que ya querrían que el río llevara con más frecuencia esos 4.000 m3 de agua de que habla Carmen Castreño.
El dictamen no avala la tesis de la presidenta de que no pasaría nada si se hiciera el dragado. Según el CSIC y las Universidades, el río ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce debido a las presas construidas a lo largo de su cauce para regadíos. Tendría que transportar cuatro veces más agua (250 m3 por segundo) de la que lleva habitualmente (63 m3/s), aunque el ideal serían 1.000 m3/s, para que se frenaran la salinidad y turbidez.
Causas y efectos
Esa turbidez es consecuencia de las elevadas concentraciones de materiales sólidos en suspensión. Y como todo en la Naturaleza es una cadena de causas y efectos, el barro y los sedimentos limitan la penetración de la luz y coartan el desarrollo del fitoplancton, cuya concentración es ya en el estuario veinte veces menor que la de otros ríos similares, y hasta cuarenta veces inferior en primavera.
El Guadalquivir se está convirtiendo así en una fuente emisora de gases de efecto invernadero y favoreciendo la formación de ‘zonas muertas’ en el litoral, donde prosperan cianobacterias que acaban introduciéndose en la cadena alimentaria a través de las coquinas y los peces y provocando mortandades como la de Doñana en 2001.
Como durante la mitad de los días del año el río lleva muy poca agua (no más de 25 m3/s) y se han ido perdiendo llanuras mareales y marismas, la marea está favoreciendo la colmatación del estuario y del cauce, y el calado actual para la navegación de los barcos (de 5 a 6 metros) propende a reducirse a entre 3 y 4 metros. Por tanto, hay que dragar periódicamente para mantener el canal de navegación, con lo que se contribuye a generar esa capa flotante de sedimentos, en un proceso sin fin.
La espiral del dragado
Según el dictamen del Comité de Expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado de hasta -8 metros. Se entraría en una espiral: la extracción del material del dragado no impediría que el río creara nuevas capas de sedimentos, que saldrían de la erosión de las márgenes.
Aunque los científicos dejan la decisión final sobre el dragado en manos de los políticos, no lo recomiendan expresamente, tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el Guadalquivir, como el incremento de la turbidez y de la salinidad.
Del dictamen se colige que abogan por mantener el dragado de mantenimiento, no dar luz verde a ningún proyecto nuevo, recuperar los llanos mareales de Doñana, crear una Autoridad Única sobre el río para acabar con la dispersión de competencias y reevaluar la situación una vez se recupere el Guadalquivir. Lo más urgente, pues, es esperar, o más bien actuar de inmediato (ya han pasado cuatro años) en el sentido de sus recomendaciones.
Ebro Foods
Otro que contradice las palabras de Carmen Castreño de que hasta los arroceros creen que no habría cambios significativos en las condiciones del río con el dragado es Antonio Hernández Callejas, reciente medalla de Sevilla y presidente de la mayor multinacional del arroz, Ebro Foods, que hunde sus raíces en nuestra tierra, sin que aquí parezca valorarse lo suficiente.
Hernández Callejas declaró ayer a ABC lo siguiente: “Sé que hay sectores de Sevilla que dicen que si no se draga el río estamos en contra de la modernidad, pero creo que antes de cargarnos el cultivo del arroz y el río hay que hacer estudios más serios sobre el impacto del dragado y sus ventajas económicas. Las últimas tomas de agua están a cuatro gramos de sal por litro, lo que está afectando a más de mil hectáreas de nuestros cultivos. Cada vez cuesta más soltar agua para bajar el tapón salino”.
Aunque las cifras varían de una campaña a otra, el arroz se cultiva en el orden de 35.550 ha (año 2011) a 37.149 (año 2013) en la provincia de Sevilla, la zona arrocera más importante de España, con una producción también variable (360.000 toneladas en 2011 frente a 319.400 en 2013), una generación de 150 millones de euros y 400.000 jornales, entre fijos y eventuales.
Eso sólo en lo que respecta al arroz, sin contar otros cultivos del Bajo Guadalquivir, la pesca, el valor ecológico incalculable de un Patrimonio de la Humanidad como es Doñana…..
Cuando tantas cosas están en juego y los científicos recomiendan que primero hay que recuperar un río agonizante por la intervención humana antes que someterlo a nuevas actuaciones sin garantías de éxito no puede hablarse de que se van a tirar por la borda 33 millones de euros. Al contrario, el riesgo es tirar por la borda todo lo demás.
