Después de que el alcalde de Estepa (Sevilla), Miguel Fernández Baena (PA), acusase a las administraciones central y autonómica de no atender sus peticiones previas a los disturbios vividos en el municipio al asaltar y quemar un grupo de personas las viviendas habitadas por familias de etnia gitana supuestamente relacionadas con una oleada de robos vivida en la localidad, la delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, ha llamado este sábado nuevamente a la "normalidad".
Hablamos de los disturbios acontecidos en el municipio de Estepa a cuenta de la oleada de robos perpetrada supuestamente por Los Chorizos, un clan de etnia gitana. La persistencia de los robos motivó que varios cientos de personas celebrasen una concentración no autorizada para reclamar soluciones y la protesta derivó en la quema de al menos seis viviendas habitadas por las familias del clan de Los Chorizos. Como consecuencia de todos estos hechos, cuatro miembros del clan de Los Chorizos fueron detenidos y uno más fue imputado, siendo imputados 22 vecinos del municipio a cuenta del asalto y quema de las citadas viviendas.
Ante la gravedad de los acontecimientos, que han acaparado la atención de medios de comunicación de toda España, el alcalde de Estepa, Miguel Fernández Baena (PA), defendía este pasado viernes la gestión del Ayuntamiento y acusaba a la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía de no atender una serie de demandas planteadas desde hace ya tiempo para combatir la situación de inseguridad que sufría la localidad, conocida por su producción de mantecados y dulces navideños y por su rico patrimonio histórico.
"No vamos a hacer declaraciones que puedan alterar la normalidad porque tenemos una apuesta muy importante por la misma", ha dicho al respecto Carmen Crespo, quien explica que la Delegación y la Subdelegación del Gobierno optan por "mantener la tranquilidad" a través de la "encomiable labor de la Guardia Civil" y la "colaboración con las instituciones locales". Es por ello que ha hecho un llamamiento a "no hacer declaraciones que redunden en el perjuicio de la ciudad".
