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Lunes 18/11/2024
 
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Sevilla

La asamblea de trabajadores se reúne el próximo martes en la base de Morón por la nueva empresa y a petición de EEUU

En un marco en el que Estados Unidos pretende usar estas instalaciones militares como sede permanente de su fuerza de intervención en África, la plantilla de la base celebrará el próximo martes una asamblea de trabajadores

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El comité de empresa de Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, ha celebrado ya una reunión con los representantes de Vectrus, la empresa que se hará cargo de los servicios civiles de esta base desde el 27 de marzo. En un marco en el que Estados Unidos pretende usar estas instalaciones militares como sede permanente de su fuerza de intervención en África, la plantilla de la base celebrará el próximo martes una asamblea de trabajadores.

   José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de VBR, ha manifestado a Europa Press que el hotel Los Lebreros de Sevilla capital acogió el viernes de la semana pasada una reunión entre los representantes de la plantilla de los servicios civiles de la base aérea y una delegación de Vectrus, una empresa nacida de Exelis Systems Corporación (filial a su vez de ITT Corporation) y adjudicataria del contrato promovido por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe por sus siglas en inglés), para la gestión de tales servicios.

   Y es que el próximo 27 de marzo, Vectrus relevará a Vinnell-Brown & Root Spain en la gestión de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera. "Fue una presentación muy genérica y no quisieron confirmar ni desmentir nuevos despidos", se ha encogido de hombros José Armando Rodríguez, toda vez que VBR, la empresa saliente, ha consumado tres expedientes de regulación de empleo (ERE) con 240 despidos desde que hace varios años desembarcase en la gestión de los servicios de esta estratégica base militar.

   El encuentro coincide con el reciente movimiento de Estados Unidos, que ha solicitado a España el uso de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten ambos países, como cuartel permanente para sus fuerzas de respuesta ante posibles conflictos en África. Dado el caso, el comité de empresa ha convocado una asamblea general de trabajadores para el próximo martes, al objeto de debatir la situación con el conjunto de empleados.

EL CONFLICTO DE LA BASE

   Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

   Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.

EL TERCER ERE

   Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE, como así fue, para que los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.

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