Ocho años después de que el Ayuntamiento aprobara reservar en el PGOU una finca de la calle Diego de Riaño, calificada como residencial, para las cocheras del tranvía, la guerra judicial se cierne de nuevo sobre esta parcela después de que la Gerencia de Urbanismo haya desestimado la acción de nulidad de aquel acuerdo que pedían los vecinos y éstos hayan reactivado el contencioso administrativo por “silencio” ante la falta de acuerdo en las negociaciones que ambas partes mantenían desde hace un año.

La tramitación irregular del cambio de uso de aquel suelo de residencial a equipamiento provocó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le diera la razón parcial a los vecinos, lo que obligaba al Ayuntamiento a reiniciar el procedimiento. El equipo de Gobierno del PP, que había apoyado sus reivindicaciones en la oposición, se puso en contacto con los vecinos para alcanzar un acuerdo que trasladara las cocheras hasta Santa Justa, un lugar más idóneo que el Prado de San Sebastián.

Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y los vecinos decidieron reactivar el contencioso -paralizado en febrero de 2014- por “silencio administrativo”, según ha apuntado su letrado, Manuel Salinero, ante la falta de concreción de un calendario que fijara fechas -se trabajaba en un plazo de cinco años para el traslado de las cocheras- y asunción de costes derivados de los hechos municipales.

Ahora la Gerencia de Urbanismo ha acordado desestimar la acción de nulidad que reclamaban los vecinos, motivado, según apuntaron fuentes municipales al diario ABC, por la “demanda de máximos” que reclamaban, como derruir el edificio o construir una biblioteca, y como medida para presionar a los vecinos para continuar reclamando. La desestimación incluye la solicitud al Consejo Consultivo de un nuevo dictamen previo al acuerdo, que deberá ser aprobado en pleno.

Según Salinero, “la Administración no puede usar sus potestades para presionar a los vecinos cuando debe servir a sus intereses”, lamentando que, a pesar de que “les daban la razón, ahora los lleven a cuatro o cinco años de pleito”.

Apunta además que los vecinos se sienten “utilizados” ante tantas promesas sin acuerdo efectivo mientras están sufriendo un gran problema medioambiental, con “ruidos y detergentes en pleno centro”. “Es ilógico e ilegal”, apunta.

Casa de la Moneda

No es la única desestimación realizada por la Gerencia de Urbanismo. Tampoco se ha admitido la acción de nulidad de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), contra el plan especial de protección de la Casa de la Moneda,  aprobado definitivamente en mayo de 2005, sobre el que también pesa una sentencia contraria del TSJA y ratificada en el Supremo.

Adepa considera que los planes especiales “siguen la misma línea” que el articulado del PGOU que fue anulado por esa sentencia, por lo que pedía la nulidad de los sectores Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena y La Calzada-Fábrica de Artillería.

Asentamientos

Sí que se ha aprobado de forma inicial el avance de planeamiento para delimitar los asentamientos y edificaciones en suelo no urbanizable, parcelaciones que tienen  tanto carácter natural o rural (Camino de la Reina, El Gordillo Sur, Las Ratas, Camino de Rojas y Vistahermosa) como de especial protección integral o compatible (Isla de Garza y Carretera de la Algaba).

Urbanismo considera que, con la identificación y delimitación de estas áreas para implantar los servicios e infraestructuras, además de aplicar las ordenanzas específicas, es un “paso decisivo en la normalización de estos asentamientos”.