El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), gobernado por Javier Fernández (PSOE), ante el caso de la familia desalojada de la vivienda protegida en régimen de alquiler comprada a una mujer que había adquirido ilegalmente el piso a la inquilina adjudicataria del mismo, ha rechazado "el uso especulativo de la vivienda pública para beneficio particular", reclamando a la Junta de Andalucía, titular de la vivienda en cuestión, "mecanismos para evitar y prevenir este tipo de prácticas en su parque público de viviendas".
Como hemos informado, por orden del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla, Sandra, José Antonio y su hija de diez días han sido desalojados del primero B del número tres de la plaza de los Inventores, en La Rinconada. Se trata de una vivienda protegida que compraron ilegalmente en 2010 a una mujer que, a su vez, la había comprado ilegalmente a la inquilina adjudicataria de esta vivienda protegida en régimen de arrendamiento. El procedimiento judicial deriva de una denuncia de la legítima adjudicataria de la vivienda, a quien no habría satisfecho los pagos la mujer a la que había vendido ilegalmente el inmueble, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
La Administración autonómica y el Ayuntamiento de La Rinconada han ofrecido a esta familia una "alternativa" habitacional, al objeto de que habite durante al menos seis meses una vivienda social de titularidad municipal, con su inscripción en el registro municipal de demandantes de vivienda con el fin de que puedan optar a la adjudicación definitiva de un inmueble del parque público.
Además, AVRA prepara "un procedimiento administrativo para recuperar la vivienda protegida en régimen de alquiler, ante las irregularidades detectadas con el objetivo de garantizar el correcto uso de dicho inmueble".
En paralelo, el Ayuntamiento rinconero se declara "en contra del drama de los desahucios y la vulneración de los derechos de una familia y las necesidades vitales de cualquier menor de edad", defendiendo que no permitirá "ningún desahucio" en su parque de vivienda pública.
El Ayuntamiento, además, rechaza "el uso especulativo para beneficio particular de la vivienda pública, costeada y promovida con los impuestos de todos los ciudadanos". En este sentido, se insta a la Junta de Andalucía a "articular cuantos mecanismos sean necesarios para evitar y prevenir este tipo de prácticas en su parque público de viviendas".
