El secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha apostado este lunes por descartar los usos terciarios en los suelos de la antigua planta de la multinacional tabaquera Altadis, ubicados en Los Remedios, y aprovechar la parcela para crear "un contenedor de industrias renovables, innovadoras y culturales".

   En un counicado, Aristu ha valorado el reciente dictamen desfavorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico a la modificación puntual número 12 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, destinada precisamente a permitir usos terciarios y de interés público y social en los suelos de la antigua planta de Altadis.

   Aristu recuerda que "CCOO, junto con muchas otras organizaciones, ciudadanos y ciudadanas de Sevilla, nos opusimos desde el principio a este acuerdo tomado de espaldas a la ciudadanía y que sólo pretendía el enriquecimiento de Imperial Tobacco y que Sevilla siguiera sumida dentro de un modelo terciario basado en el empleo precario", defendiendo que la parcela de Altadis, estratégicamente localizada en Los Remedios, constituye "una oportunidad para el fortalecimiento de la industria sevillana, el cambio de modelo productivo que necesitan la capital y la provincia y la generación de empleo de calidad".

   Por eso, se opone a "una recalificación para uso terciario", porque "Sevilla es ya suficientemente dependiente del sector terciario como para seguir destinando terrenos clave de la ciudad a este uso". En ese sentido, propone que esos terrenos "sirvan para que en Sevilla se asienten empresas industriales modernas". Así, Aristu ve en los suelos de Altadis "un lugar clave para la capital que puede llegar a convertirse en la insignia de la Sevilla del futuro con la creación de un contenedor de industrias renovables, innovadoras, culturales, etc. que generen sinergias con el mundo universitario, que respeten el medio ambiente y que creen empleo de calidad".

EL CONVENIO DE ALTADIS

   Según el proyecto de convenio firmado en el pasado mandato entre el Ayuntamiento y los representantes de la multinacional, la parcela, de 26.177 metros cuadrados, sería dividida entre 15.585 metros cuadrados que quedarían en manos del Consistorio a modo de espacios libres de dominio público, contando además el Ayuntamiento con el edificio principal de la fábrica y la capilla que usa la hermandad de las Cigarreras. Altadis, de su lado, contaría con 8.176 metros cuadrados divididos en dos parcelas con una edificabilidad máxima de 8.000 y 23.000 metros cuadrados cada una de ellas. Mientras el Ayuntamiento preveía destinar a equipamientos públicos su parte de los terrenos, Altadis esperaba vender su parte para su aprovechamiento en materia de usos terciarios.

   Dado que el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cataloga la finca como suelo industrial singular, toda la operación requería obviamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pues los terrenos a entregar al Ayuntamiento necesitaban ser declarados Suelo de Interés Publico y Social (SIPS) y el resto debía ser recalificado como espacios de uso terciario.

   Los términos de la operación urbanística, por cierto, han generado no poco debate, pues la recalificación posibilitaría la creación de una superficie comercial más en la ciudad y el reparto de la edificabilidad permitiría construir una torre sobre los actuales jardines de Manuel Ferrand.

RECALIFICACIÓN

   En marzo, el pleno del Ayuntamiento aprobaba, con el voto en contra de PSOE e IU-CA, el documento inicial de la modificación puntual número 12 del Plan General de Ordenación Urbana, destinada como hemos señalado a reordenar el conjunto fabril y su entorno urbano.

   Esta modificación puntual del PGOU, según el expediente, recogido por Europa Press, parte de la premisa de que la operación no incurre "en un supuesto de revisión del PGOU" y motivó un informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, según la cual el documento en cuestión "dibuja las líneas probables del deslinde del dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre de protección, con algunas imprecisiones", indicando "la necesidad de subsanación con arreglo a los datos" que facilite el Servicio Provincial de Costas.

   La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico debía pronunciarse también al respecto porque el edificio principal de la fábrica goza de una protección de grado C y su dictamen, recogido por Europa Press, ha resultado finalmente desfavorable. Porque según los miembros de la comisión, es necesario "el mantenimiento del conjunto fabril, resultado de un proyecto unitario de gran valor arquitectónico", toda vez que los "los nuevos usos y edificabilidad que se propongan habrán de ser compatibles con los elementos que lo configuran" y tal extremo "no queda garantizado" con la presente propuesta de recalificación y aprovechamiento.