La Consejería de Justicia e Interior está acondicionando y do-tando de medios materiales y técnicos las dependencias del edificio Viapol que albergarán los juzgados de lo Mercantil de Sevilla, ac-tualmente ubicados en el edificio Noga, según ha informado hoy el consejero Emilio de Llera.
El titular de Justicia e Interior ha subrayado en comisión par-lamentaria esta medida como una de las actuaciones que va a llevar a cabo la Junta de Andalucía respecto a los juzgados de lo Mercantil teniendo en cuenta la situación de alta pendencia y la elevada carga de trabajo que experimentan estos órganos judiciales.
No obstante, De Llera ha subrayado en su comparecencia que se trata de un problema originado, fundamentalmente, por la insufi-ciente dotación de órganos judiciales y jueces para cubrir la demanda creciente en este ámbito jurídico. El consejero ha recordado que es el Gobierno central a quien corresponde ampliar las plazas de jueces y el número de juzgados, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por esa razón, la Junta ya ha elevado repetidas veces al Minis-terio de Justicia un programa para la creación de nuevos órganos ju-diciales en Andalucía, teniendo en cuenta la media de asuntos regis-trados anualmente por cada juzgado y la comparación de esta carga de trabajo con la que el Consejo General del Poder Judicial considera como idónea.
Además, teniendo en cuenta que los partidos judiciales de Al-mería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla cuentan con Juz-gados exclusivos, “es imprescindible durante 2015 mantener y, en su caso, ampliar la adscripción de Jueces de Adscripción Territorial como integrantes de medidas de refuerzo permanentes en la jurisdicción mercantil”, ha destacado el consejero.
Plantillas cubiertas
En el ámbito de sus competencias, la Consejería de Justicia e In-terior está realizando un importante esfuerzo para garantizar que las plantillas estén cubiertas en su totalidad, de tal manera que cuando se produce una vacante o una baja de larga duración se procede a cubrir estas plazas mediante los procedimientos establecidos de comisión de servicios, sustitución o nombramiento de funcionarios interinos.
Por otro lado, el consejero ha destacado que el departamento que dirige dispone de un crédito presupuestario que le permite la autori-zación de un total de 130 refuerzos distribuidos por los órganos judi-ciales andaluces y, en concreto, hay cinco destinados en juzgados de lo Mercantil. Asimismo, nueve funcionarios de los Servicios de Apoyo de las Audiencias Provinciales están reforzando a órganos mercantiles y, en todo caso, se podría considerar una vez finalizada la vigencia de los actuales refuerzos proceder al nombramiento de otros que podrían proceder de los ceses que se produzcan en los Juzgados de lo Mercantil o de cualquiera de otros órganos que hubieran cumplidos sus objetivos.
De Llera ha defendido también que, ante el notable incremento de asuntos relacionados con las condiciones generales de contratación y anulación de cláusulas suelo, es necesario realizar una unificación de criterios y práctica procesal en la judicatura, tal como propone el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al tiempo que se poten-cian los mecanismos de solución extrajudicial en el ámbito de la banca y los consumidores.
En cuanto a la escasez de jueces, el consejero ha subrayado que Andalucía continúa muy por debajo de la media de la UE en el número de jueces por habitante. “No sólo no nos acercamos al ratio medio europeo –21 jueces por cada 100.000 personas, según la Comi-sión–“, ha señalado, “sino que nos faltan 10 jueces por cada 100.000 ciudadanos para alcanzar ese nivel”.
De Llera ha apuntado que “el sistema organizativo de nuestra justicia no se ajusta a las necesidades actuales y por eso hay que llevar a cabo una reforma profunda y estratégica para repartir mejor la carga de trabajo y apoyar a los tribunales más sobrecargados a través de la Oficina Judicial y Fiscal”. En este sentido, el consejero ha retomado la propuesta de esta Consejería de la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado que dé estabilidad a la justicia española y que prevea su modernización.
