El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aceptado la competencia para investigar el caso Madeja, una trama corrupta de sobornos a funcionarios a cambio de contratos públicos que acumula 96 imputados, después de que la jueza de Sevilla Mercedes Alaya se inhibiera a favor de ese tribunal.
En un auto de 108 páginas, De la Mata asume la investigación porque considera que esta red corrupta ha causado una "grave repercusión" a la economía nacional al afectar a más de una comunidad autónoma y destaca que conlleva una "compleja instrucción", derivada del elevado número de personas involucradas.
En el caso se investigan comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.
El juez relata que la dirección de la empresa "creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares" mediante "una red de funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación", y habilitó asimismo una "caja b que se nutría de facturación falsa" para pagar sobornos a empleados públicos de todo tipo y también a políticos.
Ello produjo un daño al interés público y también a las empresas que, de manera legal, se presentaban a los concursos con Fitonovo (dedicada a servicios medioambientales) y que no resultaban adjudicatarias por "estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".
Los hechos que se investigan, de acuerdo con el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, serían constitutivos de trece delitos, entre ellos cohecho, fraude, delito fiscal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Fitonovo empleó varios medios para conseguir esos contratos mediante el pago de comisiones en forma de efectivo y regalos a funcionarios o autoridades, como coches, caballos, viajes, móviles, cámaras y ordenadores. En ocasiones también financió las obras de remodelación de sus casas o servicios de limpieza en sus hogares.
El pago de comisiones se remonta al año 1995 y duró hasta 2013 y el importe total de las dádivas pudo ascender, según la Guardia Civil, a 4,3 millones de euros.
A cambio de esos sobornos, los funcionarios amañaban directamente la adjudicación a su favor, le daban información privilegiada de los contratos o de otras empresas rivales y alteraban precios en subastas públicas. También hay cargos públicos implicados de varios partidos, que recibieron supuestamente dinero en metálico, destinado en ocasiones a su formación política.
El fraude, apunta el juez, no solo se encontraba en la concesión, sino también en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitonovo concurría como subcontratista de otra empresa adjudicataria.
Entre otras cosas, en Sevilla los directivos de Fitonovo (están imputados Rafael González Palomo, José Antonio González Baro y Ángel Manuel Macedo) pagaron supuestamente un total de 155.000 euros a Izquierda Unida en 2010 y 2011 por la adjudicación de la instalación de césped artificial en campos de fútbol.
Esta adjudicación se produjo siendo concejal de Deportes José Manuel García Martínez y teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, ambos de IU, y fue otro de los miembros de este partido, Antonio Miguel Ruiz Carmona, quien recibió el dinero, parte del cual (70.000 euros) se le entregó en una caja de zapatos.
Según el auto, en ese mismo municipio el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo pidió como compensación a una adjudicación a Fitonovo la remodelación de la agrupación del partido en el distrito de La Macarena.
En La Carolina, Fitonovo habría pagado 38.929 euros al concejal del PP Cristóbal Pérez Martínez -parte de esa cantidad (2.929 euros) en un viaje a Detroit (EE.UU.) con su esposa- y en Algeciras los directivos de la empresa prometieron el pago de 279.360 euros a los alcaldes del PSOE Tomás Herrera y Diego Tomás Sánchez por la adjudicación de un polideportivo.
