El vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado hoy en rueda de prensa en Algeciras la discriminación del Gobierno hacia el principal motor económico de la comarca, el puerto de Algeciras, que viene demandando desde hace años una mayor potencia eléctrica. Ruiz Boix ha explicado que las previsiones fueron trazadas en su día por el Gobierno de Zapatero en un documento estratégico en el que se especificaba que era indispensable sumar un nuevo trazado que transcurre desde la subestación ubicada en San Roque, en el Pinar del Rey, atraviesa Los Barios por el Cañuelo y llega al puerto de Algeciras.
Si bien asegura que la Junta viene cumpliendo con ese plan estratégico, pues tiene en marcha hasta cuatro actuaciones que suman 7 millones de euros para mejorar la Zona Logística del Fresno en Los Barrios y Guadarranque en San Roque, el Ministerio de Industria, a través de Red Eléctrica de España (REE), ha postergado su obligación de mejorar el trazado eléctrico que unirá San Roque con el puerto.
Ruiz Boix ha señalado que la Autoridad Portuaria “también viene haciendo sus deberes creando la subestación en Isla Verde y mejorando la línea de Isla Verde al Cañuelo, pero falta la interconexión, en un doble circuito de 220 Kv, entre el Cañuelo y el Pinar del Rey, siete kilómetros que suman una inversión de más de 7,3 millones de euros cuya construcción estaba prevista en ese documento estratégico que se iniciara en 2010”. El alcalde de San Roque ha denunciado que “el Gobierno del PP en ese ánimo de discriminación con Andalucía y la comarca suspendió y reprogramó esa construcción para que comenzara en 2013 y en estos dos últimos años no ha hecho absolutamente nada, únicamente ha decidido replanificarlo y la ha trasladado al año 2019”.
El dirigente socialista advierte de que “esa inversión es básica, un elemento prioritario para que funcione el puerto que tiene hoy una inseguridad en todos los operadores porque hay dificultad para contar con el suministro necesario”. Tanto es así que, según ha detallado, “la empresa operadora Endesa está obligando a firmar contratos con los operadores en los que se recoge que, durante un año, podría estar suspendido durante cuatro semanas el suministro por falta de capacidad”.
“Estamos hablando de un problema fundamental que se suma a la discriminación que tantas veces hemos denunciado del trazado ferroviario, dañando la imagen y el prestigio del Puerto, poniendo en duda ampliaciones de inversiones de operadores ya instalados o la llegada de nuevos operadores que quisieran instalarse”, ha recalcado para lamentar que “se le ponen obstáculos para que pueda competir en peores condiciones que otros puertos y situarse el puerto de Valencia por encima”.
Por ello ha pedido la intervención pública del diputado del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, para saber “si conoce esta situación, si es cómplice o ha contribuido a darle esa patada hacia adelante del REE a garantizar el suministro eléctrico”. Le ha instado a que se pronuncie y a que promueva una enmienda en el Senado, donde todavía se encuentran los PGE de 2016, “para que se inicie esa inversión en el año 2016 y acabar con las incertidumbres que puedan tener los operadores”.
En otro orden de asuntos, Ruiz Boix ha criticado el cambio de tercio del PP en lo que respecta a las relaciones con Gibraltar. Si bien da la bienvenida a que, a partir de ahora, “se tiendan puentes de comunicación”, subraya que “Rajoy lleva gobernando cuatro años en los que ha negado esa vía de diálogo”. Para asegurarse de esa buena voluntad, el Grupo Socialista en la Mancomunidad va a requerir que se certifique por parte del secretario general accidental la convocatoria de la Comisión bilateral Mancomunidad-Gibraltar, “un escenario nuevo al que se ha apuntado el delegado del gobierno, Antonio Sanz, motivado por la cercanía de las elecciones”.
El regidor socialista se ha reafirmado en la hoja de ruta trazada en su día por el ministro Moratinos con los Acuerdos de Córdoba porque “queremos que se olviden estos cuatro años de atropellos y de incomunicación”. “Deberían preguntarle a los trabajadores transfronterizos, a esos 8.000 ciudadanos que cruzan la verja a diario y que han sufrido colas y colas por la política del PP”, ha propuesto aunque advierte de que “esperamos no tener la posibilidad de comprobar esas líneas de colaboración que ahora anuncia Sanz ya que los ciudadanos optarán por el proyecto que lidera Pedro Sánchez”.
Silva
En clave local, el portavoz municipal, Fernando Silva, ha criticado que “trabajadores, usuarios, y ciudadanos en general estamos pagando las consecuencias de un gobierno chapucero”. Lo ha dicho en relación a dos asuntos de actualidad como la última sentencia sobre la construcción del aparcamiento de Las Escalinata y el servicio de Ayuda a Domicilio. Sobre el primero ha precisado que “estamos ante las consecuencias de una mala idea de algunos representantes políticos, y un buen negocio para algunos”.
Ha recordado que “la construcción del parking se aprueba en mayo de 2000, cuando el ahora alcalde y quien es su mano derecha, José Ignacio Landaluce y Luis Angel Fernández, gobernaban junto al Partido Andalucista”. De ahí que haya acusado al PP de ser el responsable de la situación generada y a su juicio, “debe responder por la decisión de construir ese parking que urbanísticamente no se sustentaba, y que adjudicó de forma poco transparente a una empresa sin trayectoria que además tenía como capital social 3000 euros”.
“Hoy, el juzgado pide por los errores del PP, 500000 euros de indemnización”, ha lamentado al tiempo que ha advertido de que “el PSOE llevaba razón, denunciamos que no era viable la adjudicación y que se hizo de forma precipitada, sin estudios que corroborasen su necesidad, que no era un parking subterráneo”.
Respecto a la ayuda a domicilio, el portavoz socialista ha indicado que “el servicio está plagado de irregularidades, entre otras razones, porque el gobierno local no controla, ni fiscaliza su funcionamiento”. “La concesión del servicio de ayuda a domicilio es un asunto que está en vía jurídica y lo está porque la adjudicación se hizo a una oferta temeraria, un hecho sobre el que ya advertimos en su día y que el Juzgado ya se ha pronunciado diciendo que es una adjudicación nula”, ha explicado achacando que, como resultado de esa adjudicación, “tenemos un servicio deteriorado, condiciones laborales que están perjudicando a las trabajadoras y lo que es peor en la plantilla hay miedo, miedo a no cobrar, miedo a denunciar”.
Silva ha criticado “la desidia política del alcalde ante esta terrible situación corroborada por el comité de empresa”.
Por último, también se ha referido al anuncio de Landaluce sobre la prolongación hasta el 31 de diciembre del periodo de justificación de la subvención recibida del Plan Nacional sobre Drogas para destacar que ha sido “gracias al empuje de pequeñas asociaciones y al respaldo del PSOE, porque sin esas denuncias públicas, el alcalde hubiera dejado que el plazo terminara sin justificar la subvención, es decir, prefería devolver el dinero antes que tener que pagar lo que tenía comprometido”.
“Así es el gobierno del PP. Chapucero en las formas y cicatero con lo más débiles, en este caso las pequeñas y medianas asociaciones”, ha sentenciado.
